Promoverán diputados de izquierda acción de inconstitucionalidad

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio de 2016.- El diputado Omar Ortega Álvarez declaró que, una vez publicadas las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, diputados del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano interpondrán una Acción de Inconstitucionalidad contra artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para insistir en hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal, y de intereses en los términos originales en que fue planteado por la iniciativa ciudadana 3de3, informó el Grupo Parlamentario del PRD a través de un comunicado.

El legislador, lamentó la ausencia en el mensaje presidencial de un exhorto a los funcionarios que integran su administración a hacer públicas sin más pretextos, sus tres declaraciones y consideró que hubiera sido un gesto de auténtica voluntad para avanzar en el combate a la corrupción.

Recordó que la ausencia de este aspecto que planteó como eje central en la reforma anticorrupción, dejó un mal sabor de boca, pues con una incorrecta interpretación de la protección de la intimidad de los funcionarios, podríamos estar ante un escenario que impida  conocer su patrimonio al principio y término de su encargo.

El también líder del PRD en el Estado de México, coincidió en que este primer paquete de legislación anticorrupción deberá seguirle un segundo durante el próximo periodo de sesiones que incluya reformas a leyes como la de Obras Públicas, Adquisiciones, General de Archivos, Datos personales, entre otras que ya se trabajan en el Congreso.

El parlamentario Ortega Álvarez, expresó que de manera particular se abocará a sacar adelante su iniciativa para reformar el fuero legislativo a efecto de que esta figura no se convierta más en un instrumento de impunidad.

“Con una legislación que sancionara la omisión de los diputados para actuar como verdaderos contrapesos de los gobernadores, casos como los de Veracruz, Chihuahua o Quintana Roo nunca hubieran llegado al exceso que estamos constatando”, sentenció.

Al referirse a la renuncia de Virgilio Andrade Martínez al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), declaró que “es un movimiento lógico ante la entrada en vigor de las nuevas reglas del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que su permanencia resultaba incompatible con la independencia que ahora debe imperar en la realización de las funciones de fiscalización y control interno”.

El también presidente del PRD en el estado de México, explicó que la disculpa que ofreció el titular del ejecutivo por el caso conocido como Casa Blanca tendría que venir acompañada de la reapertura de la investigación para revisar las razones que se consideraron para exculpar al presidente.

La disculpa fue un reconocimiento de responsabilidad y la determinación de la sanción no le corresponde al propio Peña Nieto, sino a una autoridad imparcial.

El también coordinador de Proceso Legislativo del PRD en la Cámara de Diputados destacó que hace un mes solicitó al Ejecutivo la remoción de Andrade por su incapacidad para desarrollar con objetividad e independencia este importante caso de corrupción.

Refirió que luego de permanecer acéfala desde el inicio del sexenio, el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública respondió a la necesidad de investigar los indicios hechos públicos en medios, y que debido a que dicho nombramiento emanó del presidente, desde un inició la investigación careció de credibilidad y resultó en sí en un conflicto de interés, concluyó.