Propone GPPRD sancionar abstencionismo electoral

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de agosto de 2016.- Al presentar su iniciativa de reforma ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ortega Álvarez apuntó que la sanción a quienes incumplen con el sufragio, entendido éste como obligación, está contemplado en el artículo 38 de la propia Carta Magna, pero carece de un procedimiento concreto para aplicarse porque no hay autoridad facultada para ello.

Su iniciativa de reforma a la Constitución, según un comunicado, plantea precisamente añadir un último párrafo al artículo 38 para que sea el Instituto Nacional Electoral el que solicite a las autoridades electorales jurisdiccionales de los estados la suspensión de derechos a los omisos y para que dichas autoridades además determinen la sanción aplicable.

También faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revisar tales medidas y decidir en definitiva si proceden.

El líder del PRD en el Estado de México refirió que desde los siglos 19 y 20 se penaliza económicamente el abstencionismo en varios países, lo que contribuyó a un mayor compromiso ciudadano en sus procesos comiciales, mismo que hoy perdura aun cuando posteriormente se eliminaron dichas sanciones.

«Si bien la sanción no es el ideal democrático, la situación nos obliga a regular las sanciones que ya establece la Constitución a efecto de generar conciencia democrática en la ciudadanía», puntualizó.

Destacó que el país vive una crisis generalizada, que se avecinan procesos electorales definitorios para el futuro y que es indispensable el mayor concurso, participación y corresponsabilidad ciudadanos para elegir las mejores opciones de gobierno a fin de superar dicha situación.

Recordó que el abstencionismo favorece la manipulación del voto de quienes están sometidos a prácticas clientelares, generalmente personas en extrema pobreza, por parte de quienes tienen a su cargo, por ejemplo, presupuestos y programas sociales, lo que generalmente se traduce en distorsión de la democracia, ilegitimidad de los gobernantes y conducción desastrosa de los asuntos públicos.

Tan grave es el abstencionismo electoral en nuestro país que en algunos estados ronda entre el 60 y 70, como en Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Quintana Roo y Tlaxcala.

Para la elección presidencial pasó de sólo 22.84 por ciento en 1994, a 36 en 2000, a 41.45 en 2006 y 36.86 en 2012. Respecto al total de quienes sí votaron, el porcentaje obtenido por quienes llegaron al Ejecutivo Federal apenas fue de entre 20 y 30 por ciento respecto al padrón electoral.

«Las consecuencias de llegar al Ejecutivo Federal con tan pequeño apoyo popular están a la vista», concluyó Ortega, quien insistió en convocar a la corresponsabilidad ciudadana.