Propone Mancera modelos de medidas cautelares y seguridad procesal

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto de 2016.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso un modelo homologado de unidades estatales de supervisión de medidas cautelares y un modelo nacional de policía de seguridad procesal, en el marco de la 40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Señaló, según un comunicado, que los dos modelos pueden abonar a la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Explicó que el objetivo de establecer un modelo homologado de unidades estatales de supervisión de medidas cautelares es proporcionar a las partes información sobre: evaluación de riesgo y que la autoridad tenga acceso a sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información, además de contar con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

«Las entidades federativas y la Federación deberán contar con un órgano encargado de estas funciones, así se señala, así se mandata, lo que implica necesariamente definir un modelo homologado en cuanto a estructura y operación”, indicó.

Durante la reunión, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario capitalino expuso que existen 29 unidades de medidas cautelares con características no homologadas que deben revisarse y adecuarse para su correcto funcionamiento.

Afirmó que establecer un modelo nacional de policía de seguridad procesal es fundamental para garantizar las necesidades normativas, estructurales y operativas que salvaguarden la integridad de las partes, con base en elementos tácticos que permitan el efectivo manejo y resguardo de los indicios.

«Esta policía es un eslabón fundamental, muy importante en la cadena de custodia de las pruebas para los llamados juicios orales», apuntó.

Detalló que también es necesario revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales, homologar los servicios periciales y actualizar normas en conflicto con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar la impunidad.

«Todo implica un esfuerzo coordinado de método y, por supuesto, de aplicación de recursos. Debemos evitar a toda costa subejercicios en los municipios. Debemos ayudar a fortalecer capacidades de respuesta y de coordinación”, dijo.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, coincidió con las propuestas del Jefe de Gobierno y celebró que en esta sesión se acordara la creación de un modelo nacional de policía de seguridad procesal y un esquema para supervisar las medidas cautelares en los estados.

Añadió que es necesario que los elementos policiacos actúen con apego al debido proceso en las detenciones y mejoren la calidad de sus investigaciones.

“Se debe evitar que por errores en la detención o deficiencias en la integración de las averiguaciones los casos no se sostengan ante un juez”.

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobaron diversos puntos de acuerdo entre los que destacan el establecimiento de las acciones necesarias para operar el 911 como el número único de atención de llamadas de emergencias y desarrollar campañas de difusión para conocer las etapas de operación.

Elaborar un diagnóstico de centros estatales de prevención del delito; un modelo homologado de justicia cívica para los municipios de México; la implementación del certificado único policial, la actualización del marco jurídico en materia de información y control vehicular, así como la administración y ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FAS).

También la conformación de grupos de trabajo para elaborar la estrategia para la implementación de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes y la homologación en materia de seguridad privada.

Así como las normas para estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la seguridad pública del país, la aprobación de la nueva metodología para la evaluación de bases de datos criminalísticos y de personal de seguridad pública y la revisión del informe policial homologado.