Propone PT crear Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de enero de 2020.- Por las cinco mil 461 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), de las cuales, tres mil 487, 63.9 por ciento, fueron admitidas en su carácter federal, senadores del PT proponen reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.

Un informe de actividades de la Profepa de 2017 refiere que de la cifra registrada de denuncias a su origen, dos mil 91 fueron por delitos forestales, 704 por afectaciones a la fauna, 704 por impacto ambiental, y ordenamiento ecológico, y Otras 568 se debieron a contaminación de la atmósfera.

Para hacer más eficiente el combate a los delitos que afectan el medio ambiente, los senadores del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre y Miguel Ángel Lucero Olivas, presentaron una iniciativa que, en caso de ser aprobada, la nueva Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales tendría que presentar anualmente ante el Senado de la República y al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción un informe sobre actividades sustantivas y sus resultados.

En la exposición de motivos se destaca que en la actualidad existe una dualidad de funciones. Por un lado, se encuentra la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Es la instancia responsable de contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental; procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental. 

Por el otro, se encuentra la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, dependiente de la Fiscalía General de la República. Entre sus funciones, están el investigar los delitos previstos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

Denuncian que la dualidad, lejos de beneficiar la preservación del medio ambiente y la persecución de los delitos ambientales de carácter federal, diluye las capacidades y aumenta la carga de trabajo de los ministerios públicos de la unidad. Además, provoca que los recursos materiales, financieros y humanos se dispersen y reduzcan la efectividad de sus acciones.