Proponen padrón o registro público de niños en albergues

CIUDAD DE MÉXICO, 13  de abril (Quadratín México).- Es necesario crear un “padrón o registro público” de los menores que viven en albergues o casas hogar, a fin de vigilar el correcto funcionamiento de esas instituciones, además de crear un sistema nacional de garantías para la infancia que integre a autoridades federales, estatales y municipales, a fin de establecer políticas públicas que protejan a las niñas, niños y adolescentes, coincidieron en señalar las legisladoras Verónica Beatriz Juárez Piña y Carmen Lucía Pérez.

La secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez, y diputada panista, afirmó que indicó que gran parte de los albergues carecen de personal capacitado, no tienen infraestructura adecuada para alojar a los menores de edad y trabajan sin servicios básicos.

Carmen Lucía Pérez, subrayó que los infantes que por diversas razones viven en estas instituciones se encuentran más expuestos a la pobreza, marginación, discriminación, exclusión, así como a factores que los hacen vulnerables al abuso, explotación y abandono.

Destacó que debido a la ausencia de políticas públicas reales miles de niñas, niños y adolescentes se encuentran institucionalizados indefinidamente, lo cual ocasiona que se atente contra sus derechos, al no respetarse sus garantías constitucionales.

La legisladora afirmó que la carencia de un registro y certificación de las instancias responsables de vigilar a los centros públicos y privados encargados del cuidado y atención de los menores de edad, es preocupante porque los deja en total desprotección.

Dio a conocer que presentó un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Derechos de la Niñez para que los gobiernos federal y de las entidades, de manera coordinada, vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez.

Además, de ser el caso, suspendan de manera definitiva a las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente, dijo la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

De igual modo, pidió a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal elaborar leyes en la materia, a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa de las mismas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados Verónica Beatriz Juárez Piña mencionó que con este sistema se daría respuesta a la recomendación que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a México desde 2006 de garantizar y reintegrar los derechos a 40 millones de personas.

Insistió en que el sistema debe contar con un órgano rector encabezado por el Ejecutivo Federal, el cual sería integrado por las secretarías del Ejecutivo, un representante de cada una de las cámaras del Congreso y un observatorio ciudadano.

En reunión con el ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Norberto Liwski, la representante perredista comentó que la intención es crear un tejido de acciones interinstitucionales y multifactoriales, donde estén presentes los gobiernos Federal, estatal y municipal con políticas públicas que garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

“Trabajaremos para que este sistema responda a las necesidades requeridas, con la ayuda de personal especializado; por ello, la presencia del doctor Liwski nos ayuda a orientarnos sobre experiencias en otros países y a conocer la perspectiva desde su propia visión”, detalló.

En su intervención Norberto Liwski señaló que la realidad de la niñez se expresa en los infantes migrantes, quienes padecen alguna discapacidad y aquéllos que son indígenas.

Dijo que el debate en América Latina sobre migración de la niñez y adolescencia es poco visible, por lo que se debería crear una legislación general que se oriente fundamentalmente hacia este tema.

Declaró que hacia los pueblos indígenas, a pesar de su inclusión en la creación de leyes, subsisten mecanismos discriminatorios sobre su niñez en el ámbito educativo, incorporación a las prácticas sociales y culturales.

En el tema de la discapacidad infantil el ex funcionario de la ONU detalló que las legislaciones en América Latina no están a la altura de la Convención de los Derechos de las personas que sufren alguna discapacidad, lo cual debe ser subsanado.

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