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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2019.- Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa.
Ello, gracias a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de las cámaras de diputados y senadores, así como la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.
Horas antes y en sesión de la Permanente de este miércoles, se informó que se han emitido 22 votos aprobatorios al proyecto de decreto de la nueva Reforma Educativa, en los congresos locales.
La secretaría da cuenta de los oficios de los congresos de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Zacatecas y de la Ciudad de México.
De acuerdo con el artículo 135 de la Carta Magna, una vez que la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México hayan aprobado el proyecto, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de estos votos, así como la declaración de haber sido aprobadas las reformas a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución.
La Reforma Educativa fue avalada por la Cámara de Senadores en la sesión extraordinaria del pasado 9 de mayo. Restituye derechos de los trabajadores de la educación y recoge la obligación del Estado en materia de educación superior, así como los principios de gratuidad, laicidad e inclusividad entre los fundamentos rectores de la enseñanza.
Además, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. También termina con la llamada evaluación punitiva que vinculaba la permanencia en el empleo a los resultados de las evaluaciones.
Desparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.