Ratifica México compromiso con promoción de derechos humanos y combate a la tortura

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de octubre (Quadratín México).- Luego de que Amnistía Internacional (AI) diera a conocer su informe relativo a la existencia de casos de tortura en México, el gobierno federal aseguró que se han emprendido acciones para evitar la impunidad y que existen averiguaciones previas por la presunta comisión de ese delito, abuso de autoridad y lesiones, tanto a nivel federal como local.

A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el Estado mexicano afirmó además que distintos Tribunales de Justicia han dictado sentencias condenatorias en la materia.

Con relación al Informe sobre México dado a conocer por Amnistía Internacional, el gobierno expresó que “toma nota con interés de su contenido, el cual será debidamente analizado por las autoridades competentes”.

“México reconoce asimismo como uno de los principales retos para la erradicación de la tortura, a la homologación del tipo penal de tortura a nivel nacional”, señala el documento.

Asimismo, expresó “su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en el combate a la tortura y maltratos”.

El gobierno federal informó que el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre, en Ginebra, Suiza, el Estado mexicano sustentará ante el Comité de las Naciones Unidas su informe consolidado sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

México aseguró “mantiene una política de cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales, de rendir cuentas y atender las recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados internacionales, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internacionales encargados de la protección de los derechos fundamentales”.

El Estado mexicano informó que durante la sustentación, se explicarán, de manera detallada a los miembros del Comité, los avances y desafíos en la materia.

Entre ellos, la participación del Poder Judicial en la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos y, el reconocimiento de la jurisdicción civil para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos cuando los hechos involucren a personal militar.

Tema que, dijo, “había sido motivo de recomendaciones por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos de diversa naturaleza, así como de organizaciones de la sociedad civil”.

Entre los principales avances enumeró las reformas constitucionales al sistema de justicia penal, de amparo y en materia de derechos humanos, la capacitación al personal penitenciario.

Además, el mejoramiento de las condiciones en los centros penitenciarios, particularmente en los federales, y la cooperación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Entre los desarrollos institucionales mencionó la aprobación de los protocolos sobre el uso de la fuerza, cadena de custodia y preservación de evidencia, así como en materia de detención y puesta a disposición y la implementación del Protocolo de Estambul.

En materia de combate a la tortura, las reformas constitucionales al sistema de justicia penal, de amparo y, en materia de derechos humanos, la capacitación al personal penitenciario, el mejoramiento de las condiciones en los centros penitenciarios y la cooperación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

México es parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde 1986.

En 2002 reconoció la competencia del Comité contra la Tortura para recibir comunicaciones individuales y en 2005 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención, el cual establece un mecanismo de visitas a los centros de detención por parte del Subcomité para la Prevención de la Tortura.

Además, México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde 1987.

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