Real Política/Rubén Islas

¿Defender o criticar a la Constitución?

No hay que defender a la Constitución, es necesaria una profunda crítica sobre ella, analizar sus contenidos sociales, políticos, económicos y culturales, su sistemática y evolución desde su texto original de 1857 a su transformación sociopolítica en 1917 y su manoseado texto actual que ha dejado de ser fiel a su naturaleza socio liberal.

Crítica es el proceso de examinar y cuestionar los límites y alcances de toda realidad o conocimiento. La Crítica de nuestra Constitución debe partir de la evaluación reflexiva y analítica de sus contenidos sociales, económicos, políticos y culturales, así como de sus capacidades y limitaciones jurídicas. Desde la Crítica es vital entender que ella necesita ser puesta a debate en razón de renovar el real pacto político que hoy demandamos en México.

Punto de partida de la Crítica es el análisis de los valores formales de la Democracia liberal y su implantación práctica como forma política dominante en el México del siglo XXI.

 ¿Qué diseño de Democracia demanda la ciudadanía?

De la Democracia liberal clásica donde el demos (los ciudadanos) toman las decisiones fundamentales del Estado, hemos transitado a la “Democracia” neoliberal en donde la ciudadanía toma decisiones siempre y cuando no perturbe los mecanismos del mercado. La Democracia neoliberal triunfante de fin del siglo XX y principios del XXI, es, como afirma Wendy Brown[1], un sistema donde los ciudadanos han perdido atributos políticos y sociales.

Dos son los atributos perdidos en el trance del siglo XX al XXI, el Zoon politikón (el ser humano como animal político o cívico) y en consecuencia la deliberación política como el proceso mediante el cual se debaten realidades, intereses y valores sobre asuntos públicos. Gran parte de las reformas que la Constitución ha tenido en los últimos 30 años, han devenido de una pobre deliberación democrática y de la imposición tecnocrática cuyo objetivo neoliberal es desterrar a las y los políticos del ejercicio de gobierno.

La confrontación social en México es una realidad que se ha ido acumulando gradualmente, como consecuencia de un modelo de economía que promete mucho y da muy poco a cambio. La concentración de poder económico y político deja a grandes mayorías fuera del reparto al que tienen derecho conforme lo ordena la Constitución en su artículo 25:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.

Alejados de todo análisis de la realidad nacional y de la eficaz formalidad jurídica, quienes se dicen defensores de la Constitución esgrimen la ruptura de principios e instituciones que por su condición política y formalización jurídica resultan poco vulnerables. No observan, que el equilibrio entre lo institucional formal y la realidad material social, se ha venido rompiendo como consecuencia de la nula acción comunicativa entre las clases sociales en México, que en este 2024 se confrontarán en las urnas.

Aceptar la confrontación de clases es la primera piedra del nuevo edificio constitucional. Llegó la hora de erradicar el mito de una República sin conflicto, sin contradicciones, sin intereses encontrados, sin proyectos de Nación divergentes. La Constitución renovada deberá ser el espacio legal que permita que la confrontación se conduzca en los mínimos de acuerdo, reglas que aseguren la armonía, la convivencia, y particularmente el respeto al otro en la cosa pública, la República.

[1] El Pueblo sin Atributos, Wendy Brown