Recae en estados 92% de asuntos penales en NSJPA: especialista de UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2016.- A poco más de 24 horas de tener funcionando en todo el país y para todo tipo de delitos el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), basado en las audiencias orales y la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias, la mayor responsabilidad recae en las entidades federativas.

En días pasados, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell Sánchez, dio a conocer que son de su competencia el 92 por ciento de todos los asuntos penales del país, un dos por ciento adicional corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal, y seis por ciento son del fuero Federal.

Una de las piezas centrales del NSJPA son los métodos alternativos de solución de controversias. Carbonell Sánchez detalló que en la llamada justicia alternativa trabajan en todo el país mil 225 personas, quienes, con datos de 2014, atendieron 136 mil 115 casos en 27 estados; el 61 por ciento de esos fueron resueltos por medición y el 15 por ciento por conciliación.

A partir de este dato, abundó que el 39 por ciento de los casos en Chihuahua fueron desahogados por métodos alternativos, gracias al buen trabajo de implementación realizado, pero sólo el 0.51 por ciento fueron resueltos por la Justicia alternativa en Sonora, el estado más rezagado en el tema.

Mientras que en Chihuahua hay 18.8 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes, en Sonora hay apenas 2.9. El promedio nacional es de 10, y es más alto en los estados donde la Reforma Penal ya funciona: 16 en Yucatán, 14 en Chiapas, 12 en Morelos y en Durango.

En el sistema tradicional se resuelve una de cada seis averiguaciones previas, en el nuevo sistema se resuelve una de cada cuatro carpetas de investigación.

Por ejemplo, el reconocido jurista e investigador expuso en variaciones grandes que el 66 por ciento de carpetas de investigación resueltas en Oaxaca, ya con la Reforma funcionando, contra seis por ciento sólo de averiguaciones previas resueltas en Tabasco, sin reforma todavía.

Conminó a mejorar el diseño institucional, sobre todo para fortalecer a las defensorías públicas, pues 84 por ciento de ellas en nuestro país dependen indebidamente del Poder Ejecutivo en las entidades federativas. Su presupuesto representa apenas el dos por ciento del total destinado a los operadores del sistema penal, lo que equivale para el año 2015, a 921 millones de pesos.

Sólo en seis estados, las Defensorías Públicas tienen peritos propios. Donde ya funciona la Reforma, hay en promedio 3.06 defensores por cada 100 mil habitantes. Donde no hay 2.46.

En los estados con reforma, cada defensor público debe atender 60 casos anualmente y ganan en promedio 20 mil 136 pesos. Donde no hay, debe atender 174 casos y ganan 10 mil 744 pesos al mes.

La reforma de procedimiento penal tiene como objetivo central reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y en particular el abuso de la prisión preventiva; tener un sistema más eficiente, al concentrar el poder punitivo del Estado en los delitos que más dañan a los individuos y a la comunidad, así como generar confianza ciudadana.

Los estados de Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán, fueron reconocidos al hacer un buen trabajo implementando la Reforma Penal. En el lado opuesto, el rezago y la falta de compromiso que se observó en: Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala.

Variaciones del NSJPA entre las entidades federativas

Mientras en Baja California el 62 por ciento de los asuntos se van por medio del llamado Procedimiento Abreviado, esa cifra es apenas del 17 por ciento en Guanajuato, o del 21 por ciento en Tabasco.

En el Estado de México una de cada siete causas que ingresan a su Poder Judicial termina llegando a la etapa de juicio oral. En Baja California hay uno por cada 102 casos que ingresan a su conocimiento de poder del Estado.

Menos casos llegan, por tanto, a sentencia dictada en la etapa de juicio, pero se trata en casos en los que se ventilan delitos de mayor impacto social. La sanción promedio pasó de 420 días de prisión en el sistema anterior, a 679 días de prisión en el nuevo.

Miguel Carbonell consideró vital que las autoridades de las procuradurías y fiscalías del país estén bien preparadas para presentar sus casos ante los jueces, de lo contrario, los abogados defensores les van a comenzar a ganar cada vez más casos.

En el sistema antiguo, el órgano acusador tenía enormes ventajas para obtener una sentencia condenatoria. Con el nuevo sistema, “la cancha se empareja.”

En Morelos, el 56 por ciento de las sentencias son absolutorias y en Tabasco el 90 por ciento lo son. En Baja California, que sí ha implementado bien la reforma, solamente el 11 por ciento de las sentencias son absolutorias bajo las reglas del nuevo sistema.

El doctor en leyes aclaró que no se trata de un problema de diseño del propio sistema, sino de capacidad institucional para hacer buenas investigaciones y presentar sólidas teorías del caso.

El NSJPA permitirá ganar celeridad en la impartición de justicia. En el anterior, un proceso penal duraba en promedio 185 días en su primera instancia, los mecanismos alternativos permitirán obtener soluciones justas en solamente 30 días.

En términos de costos económicos, en el anterior cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15 mil 198 pesos. En los asuntos resueltos mediante métodos alternativos bajo el nuevo sistema, el costo se redujo hasta un monto de mil 566 pesos.

Al aplicar medidas cautelares distintas de la prisión, cada interno en las cárceles cuesta diariamente en promedio 220 pesos, pero medidas cautelares distintas a la privativa de la libertad tienen un costo diario de 11 pesos en Morelos y de 40 pesos en Baja California.

Gracias al Nuevo Sistema Penal, entre el año 2008 y el 2016, alrededor de 70 mil personas evitaron sufrir prisión preventiva. La tasa de presos en prisión preventiva ha bajado del 45 por ciento al 25 por ciento en Nuevo León, y del 47 por ciento al 29 por ciento en Morelos.