Rechazan priistas señalar culpables por desvíos en Sedesol y Sedatu

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero de 2018.- Este jueves, la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al Comité Coordinador y al de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el informe general de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, que entregó el pasado martes la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El pasado martes la ASF señaló que existen seis auditorías que se realizan sobre el caso de desvío de recursos en las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) detectado en las cuentas públicas de 2014 y 2015, en ambos casos Rosario Robles era su titular.

Por tal motivo, diversos actores políticos han pedido se investigue a la funcionaria federal, e incluso se le finque responsabilidad y sea destituida de su cargo, a lo que legisladores del PRI han manifestado que no se puede señalar a un culpable o juzgar antes de tiempo, y esperar hasta que concluyan las observaciones de la ASF, las cuales apenas inician.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, aseguró que estas observaciones son asuntos no concluidos, por lo que todavía no se puede hablar de desvíos de dinero público, ni de culpables, pues a partir de la entrega del informe, comienza el proceso de solventación y aclaración parte de los entes auditados.

«Hoy no podemos determinar culpables, no podemos determinar si realmente existen o no los desvíos, porque apenas inicia el proceso de fiscalización, son asuntos no concluidos», enfatizó.

Posteriormente, en conferencia de prensa, los secretarios de la Comisión de Vigilancia de la ASF, los priistas Ruth Tiscareño Agoitia y Enrique Rojas Orozco, coincidieron en que «apenas inicia el proceso de observaciones», por lo que no se debe juzgar antes de tiempo a ningún ente público, ni funcionario.

Sin embargo, pidieron aplicar «todo el rigor de la ley» a quienes eventualmente hayan hecho uso indebido de recursos públicos, una vez que se concluya el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 2016.

Tiscareño Agoitia, explicó que, a partir de la entrega del informe a la Cámara de Diputados, la ASF tiene un plazo de 10 días para informar a los entes auditados, de dichas observaciones, posteriormente existe otro periodo de 30 para que éstos responder a los señalamientos.

«Por eso es importante aclarar que no es un asunto concluido, puesto que todavía esos entes tienen la oportunidad de solventar las observaciones y después la ASF tendrá 120 días para dar una resolución», detalló.

En tanto, Rojas Orozco sostuvo que lamentablemente muchos usan coyunturas partidistas o políticas para juzgar y dejó en claro que ellos como Comisión de Vigilancia y como fracción priista, reconocerán si existe alguna falta y exigirán se sancione a quién sea responsable.

«La ASF ya señaló observaciones, ahora se dará tiempo a que se pueda dictaminar los resultados, ya sea que se solventen o no. Nosotros como comisión, y como fracción, señalaremos que pague quien tenga que pagar, pero que no se juzgue antes de tiempo a ningún ente público», puntualizó.