Reforma a Ley de la Industria Eléctrica inicia camino en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero de 2021.- En la Cámara de Diputados, el camino para aprobar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para reformar la Ley de la Industria Eléctrica ha empezado, primero con la aprobación de la opinión favorable por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro y este jueves con el inicio del parlamento abierto para analizar dicho tema.

En este primer día de parlamento abierto que lleva casi 10 horas y aún no finaliza, las opiniones se han dividido, por un lado los argumentos de los diversos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) participantes, quienes destacan que la iniciativa garantiza la seguridad energética del país, es antimonopólica y fortalece el mercado eléctrico.

Mientras que por otro lado, los representantes empresariales, académicos y legisladores de oposición señalaron sus debilidades y las afectaciones que podría traer al país.

En su intervención el director corporativo de Finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez, mencionó que la iniciativa no está en contra de la libre competencia, ni de las energías limpias, ni a favor de los monopolios, ya que busca que el sector eléctrico tenga piso parejo para todos.

Reiteró que el objetivo de la reforma es poner fin al saqueo y eliminar la simulación, ya que el actual marco normativo no beneficia a los pequeños productores y a los consumidores, ya que todos los subsidios otorgados de la CFE son pagados por la ciudadanía, e insistió en el discurso de que este sector esta monopolizado por un pequeño grupo de particulares.

En tanto, el abogado general de la CFE, Raúl Armando Jiménez, expuso que la propuesta del Ejecutivo es antimonopólica, ya que pretende fortalecer el mercado eléctrico y que éste se mantenga libre de sesgos y deformaciones, al tiempo que, dijo, se dote de plena igualdad de condiciones de competencia entre la CFE y las empresas privadas.

“Lejos de inhibir, impedir o coartar la competencia, la iniciativa tiene un sólido basamento constitucional al hacer efectivo el principio de la libre concurrencia y la libre competencia”, sostuvo.

Por lo que, afirmó, es falso que con su aprobación se llevará al cierre del mercado eléctrico mayorista, que promueve el monopolio del Estado y que llevará a una expropiación indirecta, pues los competidores de la CFE seguirán manteniendo incólumes los derechos propietarios de usar, disfrutar y disponer de sus plantas de generación eléctrica.

Para Héctor Sánchez, consejero independiente ante el Consejo de Administración de la CFE, la iniciativa de reforma está dirigida a mejorar las cuestiones operativas y técnicas relacionadas con la infraestructura del sistema eléctrico nacional, y enfatizó que la aprobación de ésta generará certidumbre a los agentes económicos nacionales y extranjeros, lo que fortalecerá la competencia y la libre concurrencia.

Por su parte, expertos, investigadores y representantes del sector privado, manifestaron sus opiniones y también plantearon sus propuestas para fortalecer este sector.

Roger González, presidente de la Comisión Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el sector privado considera que no hacen falta cambios regulatorios de la magnitud que se proponen, y enfatizó en que es vital que se respeten los contratos adquiridos.

Refirió que, según expertos, la iniciativa infringe el marco legal existente y constitucional; indicó que las inversiones que se han realizado están protegidas por tratados internacionales que México se ha comprometido a cumplir.

“Necesitamos y creemos en un sistema eléctrico fuerte, con precios competitivos, pero que también cuide nuestra salud con la generación limpia”, apuntó.

Guillermo García Alcocer, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesor en el ITAM, indicó que modificar el despacho eléctrico para permitir a la CFE utilizar todas las plantas sin considerar el costo de producción, acompañado de la obligación de no incrementar las tarifas más allá de la inflación, tiene efectos importantes y uno de ellos es la sustitución de plantas de bajo costo que van a quedarse apagadas por plantas de alto costo y más contaminantes.

“El país requiere de todo el esfuerzo de la inversión pública para crecer, la cual debe ser complementada, en buena medida, por la iniciativa privada; cambiar las reglas del despacho eléctrico inhibe futuras inversiones en plantas eléctricas, lo que nos llevaría a escenarios de falta de inversión en otros sectores al no tener el insumo básico o, incluso, escenarios de racionamiento en la electricidad a los usuarios finales”, explicó.

Por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Ernesto García Monroy resaltó que el impacto presupuestario de la iniciativa, es positivo para las finanzas públicas de la CFE, sin embargo, señaló que no se cuenta con información del término de los contratos, por lo que la magnitud de la afectación que derivaría de la iniciativa, no es posible de estimar, y llamó a considerar las externalidades por la renegociación o terminación anticipada de los contratos.

Para Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el tema es de seguridad nacional, por lo que llamó a promover una política energética en tres objetivos: confiabilidad, costo y sostenibilidad.

Mencionó que no sólo se trata de costos, sino tiene que ver con un mercado que no tiene competencia perfecta, ya que tiene oligopolios y pocas empresas, “se necesita un sistema eléctrico flexible y adaptable, así como fortalecer a la CFE a efecto de tener un sistema que contribuya al desarrollo.

El presidente de Cluster Energía de Nuevo León, César Cadena, resaltó que el costo económico total de estas medidas es una nacionalización de la industria eléctrica con un costo alto para el país, ya que se favorece a CFE y se reconstituye el monopolio público eléctrico.

Refirió que, de acuerdo a un estudio de la OCDE, el 30 por ciento del gasto familiar ocurre en mercados donde la competencia es débil y los precios son 40 por ciento más altos de los que podrían ser si los mercados fueran competitivos, siendo las más afectadas las familias pobres que gastan el 42 por ciento de sus ingresos, por lo que llamó a no aceptar la iniciativa y aplicar la ley vigente.

Los trabajos del parlamento abierto de este día aún no terminan, y continuarán este viernes con la participación de otros sectores de la sociedad involucrados en el tema.