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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre (Quadratín México).-A partir de este domingo se reforzaron las medidas de seguridad a un kilómetro a la redonda del Palacio Legislativo de San Lázaro, con el cierre a la circulación del lado derecho de Avenida Congreso de la Unión, con vallas metálicas resguardadas por granaderos.
Lo anterior, ante el amago de militantes y simpatizantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano de comenzar la filtración “hormiga” de manifestantes, con el objetivo de sitiar desde el inicio de semana la Cámara de Diputados, a fin de boicotear la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
De igual forma se colocaron elementos de seguridad en las calles circunvecinas y, acorde a declaraciones de vecinos, los habitantes de la zona han sido notificados que se les solicitará su identificación para el libre tránsito.
Adicionalmente, se mantendrán cerradas las entradas y salidas de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cercanas al recinto legislativo, como es el caso de Candelaria y de Jamaica, aún cuando en este caso el argumento oficial es el registro de un incendio en el mercado del mismo nombre, el pasado viernes.
En tanto, comerciantes que ponen sus puestos públicos por la temporada navideña, han referido que autoridades delegacionales les notificaron con anticipación de dichos cierres, con el compromiso de permitirles realizar sus ventas con la seguridad necesaria.
Por su parte, vecinos manifestaron su inconformidad por las medidas de seguridad, al recordarles la difícil etapa que vivieron con el cierre de diversas calles con enormes vallas metálicas durante las reformas al IMSS, en la administración fondista, lo cual además de gran caos vehicular, provocó un severo ambiente de incertidumbre.
Ante ello, la petición tanto de comerciantes, vecinos, transeúntes y automovilistas, es que tanto autoridades de gobierno y la Cámara de Diputados, como los manifestantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano eviten generar una situación de caos e incertidumbre, que sólo les representará un rechazo social, con el consecuente costo político.
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