CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre de 2020.- Esta semana, el Senado de la República dio un gran paso fundamental para derribar mitos, la descriminalización y la discriminación del consumo adulto del cannabis, destacó el coordinador del Grupo Parlamentario del Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Defendiendo el libre desarrollo de la personalidad y la protección de la salud de los mexicanos, el líder morenista resaltó una de las ventajas de esta Ley, la cual disminuye la actuación y la ganancia del crimen organizado, al trasladar un mercado ilegal a la legalidad, con un marco jurídico que da certeza a los sectores de la población.

El coordinador de los senadores de Morena destacó que, por primera vez, se crea un marco legal que por persona permite tener para autoconsumo hasta seis plantas, o hasta ocho cuando vivan más de dos en el mismo hogar, además de que podrán adquirir hasta 28 gramos en los lugares regulados.

De acuerdo al documento, las personas podrán acceder al cannabis psicoactivo bajo criterios claros: licencias para el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación, la importación y la investigación.

A través de un videomensaje, Monreal Ávila resaltó la visibilidad que otorga la Ley, aprobada en el Senado, a la problemática que enfrentan algunas personas con el consumo de la planta.

Se integra la articulación de políticas públicas, no solo de prevención para reducir los riesgos y daños asociados por el consumo psicoactivo, sino que se optimizan los procesos de rehabilitación y reinserción social, sin estigmatización, ni criminalización, como sucedía anteriormente.

Destacó los instrumentos de monitoreo, evaluación, respuesta, seguimiento y evaluación relativa al uso, que acompañan la Ley; además de que fomenta y refuerza la cooperación internacional, respecto a las medidas para proteger la salud y la seguridad.

Mientras que las personas que estén en posesión de hasta 200 gramos, serán sujetos a multas económicas, pero no a la privación de la libertad, contrario a como ha sucedido con las más de 18 mil que actualmente están procesados y privados de su libertad, de acuerdo con el INEGI.

Además, la regulación empodera a los grupos vulnerables, a los pueblos y a las comunidades indígenas, a campesinos y a ejidatarios, a comunidades agrarias en situación de marginación, a los que por su condición resultaron afectados por el sistema prohibicionista, señaló.