Relevos simultáneos en la FGR: el segundo movimiento

Mientras en Zapopan, Jalisco, descendía el féretro dorado con los restos mortales de Nemesio Oseguera, abatido el 22 de febrero, en la Ciudad de México comenzaban a enterrarse nombres del organigrama federal. De forma sincrónica, 11 fiscales (Baja California, Campeche, CDMX, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas) dejaron su encargo al tiempo que se despedía a uno de los capos mexicanos más poderosos de las últimas décadas.

En política las coincidencias existen; en seguridad, casi nunca.

La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación no solo sacudió la estructura criminal del occidente del país y las excrecencias que posee en todo el territorio mexicano; también abrió una etapa de tensión tras la ruptura de un nodo de poder que durante años articuló territorio, finanzas y una estructura operativa de alcances inimaginables. Borrar del mapa a una figura de esa magnitud implica mucho más que darle muerte: faltan más reacciones violentas, la disputa interna por la sucesión y un segundo movimiento, más sutil, pero determinante: el institucional.

El operativo no ha terminado y su éxito está lejos de medirse únicamente por la detención o muerte de criminales. El Estado enfrenta la siguiente prueba en su capacidad para sostener jurídicamente el golpe, este y los que vienen: judicializar a los detenidos, integrar carpetas sólidas, blindar a testigos, asegurar bienes, procesar a mandos medios y evitar filtraciones. El mensaje con estos relevos simultáneos es claro: no había garantías.

La historia del país muestra que ningún liderazgo criminal de alto perfil se sostuvo en el vacío. Ahí están los casos de Joaquín Guzmán Loera, Osiel Cárdenas Guillén, Arturo Beltrán Leyva y Amado Carrillo Fuentes. Sus trayectorias evidenciaron redes paralelas de protección, omisión o captura institucional que hicieron posible su crecimiento y permanencia.

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