Remiten a Comisión nombramientos de empleados superiores de Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2018.- Este martes la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, el oficio de la Secretaría de Gobernación que se refiere a los nombramientos de los empleados Superiores de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que fueron nombrados por el Ejecutivo Federal.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política que señala que el Ejecutivo Federal tiene la facultad para nombrarlos y que serán ratificados por la Cámara de Diputados.

 De acuerdo con el documento se plantea designar como empleados superiores de la SHCP a:

Arturo Herrera, como Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos; Carlos Romero, Procurador Fiscal de la Federación; Galia Borja, Tesorera de la Federación; Gabriel Yokio González, Titular de la Unidad de Crédito Público.

Así como, Fernando Karol Arechederra, Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas; Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En tanto, para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se designa a: Ana Margarita Ríos-Farjat, como Jefa del SAT; Héctor Vázquez Luna, Administrador General de Recaudación; Rosalinda López, Administradora General de la Auditoría Fiscal Federal; Ricardo Peralta, Administrador General de Aduanas; Félix Palma Valdés, Administrador General Jurídico; y Antonio Martínez, Administrador General de Grandes Contribuyentes.

Cabe destacar que mañana se espera la asistencia de estos funcionarios a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ante quienes presentarán su proyecto de trabajo para que se dictamine sobre su nombramiento y sean ratificados por el Pleno camaral durante la sesión del próximo jueves 13 de diciembre.

Dan publicidad a dictamen sobre extinción de dominio, se discutirá el jueves

Luego de que este martes la Comisión de Puntos Constitucionales avalara el dictamen por el que se modificaron los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el número de ilícitos para aplicar la Extinción de Dominio, el Pleno de la Cámara de Diputados dio declaratoria de publicidad al dictamen para su discusión y eventual aprobación en la sesión del próximo jueves.

El dictamen señala que ahora en los casos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, mejor conocido como huachicoleo, se podrá aplicar la extinción de dominio.

Refiere que esta acción se ejercitará por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal; y que las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función.

Asimismo, se señala que la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad y, en su caso, la destrucción de los mismos.

También se plantea que no se considerará confiscación la incautación de bienes de una persona cuando sea decretada para pago de multas o impuestos, ni cuando las declare la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.

Queda establecido que no se considerará como confiscación, el decomiso que ordene la autoridad judicial de bienes en caso de enriquecimiento ilícito en términos del artículo 109.

De igual forma, se aclara que será procedente la extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial que no pueda acreditarse su legítima procedencia y, además, estén relacionadas con investigaciones de corrupción, encubrimiento, faltas cometidas por servidores públicos, delincuencia organizada.

Así como, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, o huachicoleo.