SAE tendrá que transparentar lo recaudado por subastas

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio de 2019.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) tendrá que transparentar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre los montos obtenidos en las distintas subastas públicas que se hayan realizado con motivo de hechos de corrupción y de los criterios de destino de los ingresos obtenidos.

Diputados y senadores buscan evitar que los recursos obtenidos se vayan a algunos de los programas electoreros en beneficio del partido gobernante, o bien, vigilar la partida secreta discrecional del gobierno federal, si es que fuera el caso.

Recientemente se realizó en Los Pinos una subasta de vehículos que constituyó la primera aportación al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, por un monto de alrededor de 30 millones de pesos.

Los legisladores del PRI promoventes estiman necesario hacer del conocimiento público los criterios objetivos que serán utilizados para realizar las subastas públicas de mérito y repartir los recursos obtenidos, así como las facultades del nuevo Instituto para Devolver al Pueblo lo robado y su adscripción orgánica.

Por la importancia jurídica, económica y social de la propuesta, el senador del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que por supuesto están de acuerdo pero lo que no saben es a dónde irá a parar el dinero obtenido de estas subastas.

«Solamente hemos conocido a través de las exposiciones del Ejecutivo Federal en su mañaneras, de que será algún municipio de Oaxaca o de Guerrero, y obviamente lo que quisiéramos es más puntualidad en el destino de los recursos”, señaló como orador en uso de la tribuna.

El dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, acordó exhortar únicamente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que informe sobre las subastas públicas de vehículos confiscados al narco o con motivo de actividades irregulares o ilícitas y de corrupción.

La Comisión estimó que los criterios que deben regir la creación y facultades del Instituto que ha de realizar las subastas de bienes que el gobierno federal tiene bajo su guardia y custodia, deben estar basadas en criterios de objetividad, transparencia, honestidad, eficacia y publicidad.