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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la disposición expresada por la Procuraduría General de la República (PGR) mediante la circular C/006/18, para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones que aún no han sido atendidas, así como para fortalecer la relación interinstitucional, en particular por lo que hace a la respuesta a las solicitudes de información y a la entrega de constancias y documentos necesarios para investigar las violaciones a derechos humanos que se hubiesen presentado.
Mediante un oficio dirigido a Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República, fechado el 6 de abril de 2018, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su confianza en que las instrucciones giradas en la circular C/006/18, cuyo contenido se hizo público mediante el comunicado 315/18 emitido por la PGR, se observen en sus términos de manera efectiva, toda vez que las recomendaciones emitidas por la CNDH no han sido cumplidas a cabalidad; las solicitudes de información que se le hacen a esa Procuraduría General no son, por regla general, atendidas oportuna ni debidamente; además de que no se han concluido las investigaciones por los delitos que pudieron haberse cometido en casos tan relevantes como los de San Fernando, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, Apatzingán y Nochixtlán, todos ellos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos.
Con el propósito de que se facilite la respuesta y colaboración que dé la PGR a las determinaciones y requerimientos de este Organismo Nacional, como anexo al oficio que se entregó en las oficinas de esa Procuraduría General, la CNDH acompañó un texto en el que se enuncian, de manera pormenorizada, casos y situaciones que requieren atención urgente por parte de la PGR en el ámbito de los derechos humanos, además de aclararse diversos puntos que dicha dependencia señaló en su comunicado 297/18, de fecha 1º de abril de 2018, y que en opinión de este Organismo Nacional carecen de fundamento o resultan imprecisos.
Entre los puntos que se señalaron, se reiteró el hecho de que la Procuraduría General de la República no dio cumplimiento cabal durante 2017 a las recomendaciones que le ha dirigido la CNDH, incluidas las relativas a violaciones graves de derechos humanos, como son los casos de San Fernando (2013) y Tlatlaya (2014), por lo que, a diciembre del año próximo pasado, esa Procuraduría General tenía 140 puntos de atención, vinculados con 37 recomendaciones. Del cúmulo de recomendaciones pendientes, durante 2017 la PGR solo presentó pruebas de cumplimiento total en 5 casos, que demoraron entre 4 y 7 años en ser cumplimentados, puntualizándose que ninguna recomendación dirigida a esa Procuraduría durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 fue totalmente atendida durante el año precedente.
Respecto del caso Iguala, se precisó que al concluir 2017, solo 9 de los 57 puntos propuestos por la CNDH sobre la investigación que efectúa la PGR habían sido completamente atendidos, 36 estaban en vías de atención y 12 no se habían atendidos en modo alguno. Hasta este momento, esa Procuraduría General no ha probado a cabalidad, el destino final de los 43 normalistas desaparecidos, punto esencial de la investigación correspondiente.
Por otra parte, se enfatizó la falta de colaboración de la PGR para dar respuesta a las solicitudes de información que le formula la CNDH, como lo demuestran las omisiones, demoras y entregas parciales e incompletas de los datos y constancias solicitadas, situación en la que se ha llegado al extremo de que se fije día y hora para consulta de expedientes, sin permitir al personal de la Comisión Nacional cualquier método o copia de documentos distinto a la transcripción manuscrita, situaciones que, en los hechos, han incidido negativamente en el avance de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
En relación con este punto, se puso como ejemplo el caso de las cajas de seguridad en Cancún, Quintana Roo, que dio origen a la Recomendación 6/2018, donde las constancias que permitieron acreditar la existencia de violaciones a los derechos humanos y determinar a los funcionarios responsables, se tuvieron que obtener mediante la intervención de un Juez de Distrito, ya que lo entregado por PGR estaba testado y hacía imposible desprender los datos e información requerida para tal efecto.
Tras puntualizar que dichas situaciones evidencian que el modelo de operación de la PGR está agotado y los resultados que brinda no son los que el país requiere en la actual coyuntura, el Ombudsman Nacional reiteró su confianza, pero también la necesidad, de que esa Procuraduría General ejecute acciones y brinde a la CNDH respuestas que contribuyan al abatimiento de la impunidad, al trato responsable del legítimo reclamo de las víctimas y al necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, así como a la vigencia de los derechos humanos.