Se adecuará formato de declaraciones patrimonial y de intereses: INAI

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio de 2018.- El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó el acuerdo mediante el cual plantea una serie de adecuaciones al Formato Nacional de las Declaraciones Patrimonial y de Intereses, así como a las normas e instructivo para su llenado y presentación, elaborados por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

De acuerdo con un comunicado, la propuesta del CPC pretendía recabar 555 datos; sin embargo, el Instituto determinó sumar 321 más, con lo que da un total 876 campos de información, de los cuales 634 serán públicos y accesibles a cualquier persona y 242 tendrán el carácter de confidencial.

De conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), el Comité Coordinador del SNA, a propuesta del CPC, es el encargado de emitir las normas y los formatos para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses

En mayo pasado, el CPC remitió al INAI el formato de las declaraciones, así como las normas e instructivo para su llenado y presentación, con el propósito de que este órgano garante emitiera su opinión e hiciera las adecuaciones necesarias, garantizando el equilibrio entre el derecho de acceso a la información y el de la protección de datos personales.

Se prevé que las adecuaciones planteadas por el Instituto sean discutidas y votadas en la próxima sesión del Comité Coordinador del SNA.

En sesión pública, las y los comisionados del INAI coincidieron en que la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses, previstas en la LGRA y que todo servidor público estará obligado a presentar, contribuirá de manera significativa en la prevención, detención y sanción de la corrupción.

El comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, sostuvo que la evolución patrimonial de los servidores públicos era una de las asignaturas pendientes en la transición democrática de los últimos 40 años; en ese sentido, afirmó que el deber de presentar las declaraciones viene a modificar las condiciones futuras del funcionariado público en el país.

“El servicio público ha sido enjuiciado severamente, el servidor público ha aparecido en los últimos meses y años, especialmente, referido con tono crítico, y merece y conviene que el servidor público elija el camino de servicio público en una condición de sujeción permanente y de explicación puntual de cuánto recibe del erario en calidad de sueldo, prestación o en volumen”, subrayó.

A su vez, el comisionado Joel Salas Suárez propuso incluir en el acuerdo un resolutivo para solicitar al Comité Coordinador del SNA hacer los ajustes necesarios a fin de que los servidores públicos de las administraciones saliente y entrante presenten sus declaraciones patrimonial y de intereses bajo este nuevo esquema; la propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno.

“Una vez aprobados estos formatos por el Comité Coordinador, la declaración 3 de 3 será obligatoria para todo servidor público. Conviene tener claro lo anterior porque no habrá excepciones, ningún servidor público tendrá la posibilidad de elegir si quiere o no que sus declaraciones sean públicas. Este domingo tendrán lugar los comicios del 2018 en que los mexicanos elegiremos a alrededor de 3 mil 770 representantes, desde alcaldes y diputados locales, hasta el Presidente de la República. Todos deberán presentar la declaración 3 de 3”, subrayó.

En su oportunidad, el comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, aseguró que las incorporaciones sugeridas por el Instituto al formato como a las normas e intructivo para las declaraciones se fortalecen los instrumentos para la prevenir, controlar, detectar, sancionar y disuadir las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

“En el combate a la corrupción y el establecimiento del buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, destacamos el valor social de la información como elemento indispensable para que la ciudadanía conozca, identifique y pueda detectar posibles actos de corrupción. En el contexto actual, el papel del ciudadano es parte ya de un esquema de corresponsabilidad que nos hace más fuertes en esta lucha por una administración pública y servicio público más eficiente, responsable y transparente”, enfatizó.