Sección Instructora actuó a favor de la impunidad y corrupción: Ortega

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de diciembre de 2016.- El diputado del PRD , Omar Ortega aseguró que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, encargada de determinar los juicios de procedencia para quitar el fuero a servidores públicos que permita ser sujetos de investigación, actuó en favor de la impunidad al quitar la posibilidad de desaforar a 28 funcionarios y ex funcionarios, entre los que destacan el ex presidente de México Felipe Calderón, o el ex jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard, por considerarlos improcedentes.

“La Sección Instructora, de fast track, en un albazo, determina que 28 expedientes de servidores públicos se desechen por ser improcedentes, cometiendo errores garrafales porque deshechamiento es una facultad que tiene la Cámara y tendrían que notificarle a la Mesa Directiva para que sea ésta la que determine en su momento si se desecha o no (…) La Sección Instructora creo que no simula, actúa muy bien en beneficio de la impunidad y la corrupción del Estado mexicano”, aseguró el perredista.

En entrevista para Quadratín México, Ortega Álvarez acusó a este instrumento Legislativo de contradecir sus criterios para proceder ya que por un lado reconocen en los particulares el derecho a denunciar y por el otro señalan que a éstos no les compete la facultad de investigación; y es que el pasado 14 de diciembre la Sección Instructora, de manera sorpresiva, se reunió con el fin de desechar el paquete de 28 solicitudes de desafuero presentadas en los últimos años.

El legislador señaló que en la discusión se plantearon dos razones jurídicas distintas para dar por desechados los expedientes acumulados: los señalados habrían perdido el fuero o bien, por tratase de denuncias de ciudadanos sin facultades para promover ese tipo de mociones, en ambos casos no habría materia para que la Sección Instructora interviniera.

“Toman criterios distintos para la misma aplicación de la ley, por un lado reconocen a los particulares su derecho de hacer denuncias y querellas, pero resulta que los servidores ya no tienen fuero, por ende ya se declara improcedente. Por otro lado, a los que tienen fuero todavía, dicen que no le compete la facultad de investigación al ciudadano y no está legitimado, se desecha también por ser improcedente.

“Entonces, por un lado aceptan que es correcto que el ciudadano incite al órgano y por otro lado le quitan toda legitimidad; insistimos, no estamos pre juzgando si son o no responsables, simplemente estamos en contra de un procedimiento desaseado que no garantice el estudio adecuado de los expediente”, aseveró.

De las 28 solicitudes de juicios de procedencias que se desecharon, en 12 de ellos los funcionarios involucrados aún tienen fuero; esta lista en cuestión agrupa peticiones de declaratoria de procedencia acumuladas desde la LX Legislatura y hasta el presente ejercicio.  Entre los funcionarios con fuero destacan las cuatro solicitudes contra el actual Presidente Enrique Peña que datan del 2010, cuando se desempeñaba como gobernador del Estado de México; en ese paquete de denuncias, también aparece el nombre del entonces procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz Sacal.

Entre los denunciados durante la LX Legislatura, es decir, entre los años de 2006 y 2009, aparecen los nombres del entonces procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, que actualmente no tiene fuero; así como el del ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard cuya solicitud data de marzo del 2007, y tampoco podría tener efecto ya que actualmente no ostenta ningún cargo público. También están los ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández; de Tabasco, Andrés Granier; y de Veracruz, Fidel Herrera.

En la LXI Legislatura, es decir, entre los años 2009 y 2012, aparecen más solicitudes de desafuero contra Marcelo Ebrard; contra Juan Molinar Horcasitas, quien falleció en el 2015; contra el ex Presidente Felipe Calderón; y contra el entonces titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, que en estos momentos no ocupa puesto público y no tiene fuero.

Durante la LXII Legislatura solo se presentaron dos peticiones, una en 2013, contra el diputado local por Morelos, Manuel Martínez Garrigos, que en la actualidad no desempeña ningún cargo público; mientras que la segunda presentada en marzo de 2015 contra el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera Espinosa. En este caso, los legisladores consideraron que la solicitud carece de averiguación previa y el denunciante no aportó elementos suficientes.

La lista se cierra con las cuatro solicitudes interpuestas durante la actual LXIII Legislatura y tienen fecha de septiembre del 2015; así como enero y abril de este 2016, en este caso los denunciados fueron la ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González; el actual gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; el ex gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; y el actual diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Agustín Rodríguez Torres, contra el que un juez penal emitió una orden de aprehensión.

Al final todos los casos fueron desechados, por lo que el diputado Omar Ortega afirmó que con esta determinación se les dio «su premio navideño» a los servidores públicos por lo que enfáticamente reiteró que la sección instructora actuó con impunidad y fue una afrenta más para los mexicanos, lo que, dijo, parece ser ya una constante.

“Habría que ver a quién podemos fincar responsabilidad, cómo podemos modificar esto, y por eso estamos convencidos de que había que acotar la inmunidad constitucional, quitarle el fuero a todos los servidores públicos incluyendo los diputados federales, y que ya no hay más impunidades en el Estado mexicano, ya basta de que la gente no tenga confianza en sus instituciones”, puntualizó.