CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2018.- Primero Morena buscó mejorar condiciones para los trabajadores, ahora los senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle, de los Grupos Parlamentarios del PRI y PAN, pretenden prohibir la subcontratación laboral, conocida como outsourcing, en las dependencias y entidades públicas federales.

En sesión de este martes, el priista Zamora Gastélum presentó una iniciativa que beneficiaría, según, aproximadamente a tres millones de trabajadores contratados bajo este esquema, la cual adiciona un segundo párrafo al artículo 3º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Al fundamentar la propuesta, el legislador señaló que si bien la figura de subcontratación de personal se creó para fomentar el desarrollo y competitividad de empresas e instituciones, disminuyendo sus erogaciones por concepto de cumplimiento de obligaciones laborales y delegándoselas a un tercero, reprobó que se ha abusado el fin de este tipo de contratación.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo la subcontratación se define como: “el régimen por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas al contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”.

En el país, esta práctica laboral carece de reglas, toda vez que no se establece una responsabilidad solidaria entre la empresa contratista y la beneficiaria. Por lo que el senador del PRI conminó a dar un cambio institucional que permita dar cumplimiento a la justicia laboral y a la protección de los derechos laborales de los mexicanos.

El documento señala que el principal derecho que vulnera la modalidad de contratación vía outsourcing es el de la estabilidad en el empleo, al exponer al trabajador a toda clase de actos de discriminación abusos y riesgos, toda vez que facilita a los patrones la realización de despidos injustificados, así como el incumplimiento sus obligaciones en perjuicio del derecho humano a la seguridad social y la vivienda por parte de los trabajadores.

Por ende, sostiene que la subcontratación en la administración pública y en el Senado de la República vulnera los derechos laborales de los trabajadores, los cuales son inherentes por el sólo hecho de ser personas y trabajar, como lo manifestó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La iniciativa hace mención que los mismos se encuentran íntimamente ligados al derecho humano a la seguridad social, de conformidad con el Convenio 102 sobre la seguridad social, mismo que permite garantizar a los trabajadores ingresos básicos, en caso de: desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, responsabilidades familiares tales como el embarazo y el cuidado de los menores, o la pérdida del sostén de la familia.

A principios de septiembre, la senadora de Morena, Freyda Marybel Villegas Canché, del estado de Quintana Roo propuso una reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo que obliga a las empresas contratantes a que brinden condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

La modalidad de outsourcing “se está convirtiendo en un grave problema para nuestro país y especialmente para los quintanarroenses, dado que permite empleos sin que las compañías se responsabilicen por los trabajadores”, denunció en su momento.