SEP pone barreras para aprendizaje de estudiantes con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2020. — Una joven estudiante atraviesa un largo pasillo inexplorado que la conducirá al salón donde por fin realizará un examen, el único que le ha permitido presentar la Dirección General de Bachillerato (DGB) después de ocho largos meses de espera, a pesar de que el pasado 20 de agosto reinició la aplicación de exámenes para la comunidad escolar del servicio de Preparatoria Abierta. 

Se esfuerza por ubicarse y entender las indicaciones para llegar al aula, no comprende por qué se le ha negado la posibilidad de ser evaluada en el centro escolar al que pertenece y ha sido enviada a las instalaciones de la DGB (José María Rico 221, Colonia Acacias) sin ningún tipo de acompañamiento, pese a que solicitó en su centro educativo apoyo para la realización de su evaluación, su petición no fue escuchada.

Ya en el aula, el reto no es comenzar el examen, la nueva barrera es entender el uso de la computadora; la tecla de arranque es diferente al de su ordenador en casa, voltea a su alrededor, no conoce a nadie, su estabilidad y confianza disminuyen. 

Ella es Eva, tiene discapacidad intelectual y hasta hace ocho meses acudía a un Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED). Ahora, el contexto es totalmente desconocido y hostil. Ella para llevar a cabo su examen ha tenido que compartir el aula junto con un grupo jóvenes desconocidos que pertenecen al sistema de Prepa Abierta y realizará el mismo examen que ellos, que no tienen ningún tipo de discapacidad y contará con el mismo tiempo para terminarlo.

Ese es el modelo de inclusión que pregona el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde la inclusión radica en juntar a todos en un aula sin atender las necesidades específicas de cada caso, olvidando por completo la diversidad de condiciones de los más de 35 mil jóvenes de 291 CAED en todo el país, inscritos en este modelo de bachillerato a nivel medio superior, única opción que ofrece el Estado para este sector vulnerable.

Pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno tomar medidas preventivas para atender a la población con discapacidad que tiene mayor riesgo de contagio de Covid-19, la Dirección General de Bachillerato obliga y condiciona a los jóvenes de los CAED a realizar exámenes de manera presencial sin ofrecer más opciones alternas que respondan al nuevo contexto mundial de emergencia sanitaria.   

“Pese a que hemos enviado cartas y documentos a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública; Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior; Ángeles Cortés Basurto, Directora General de Bachillerato, proponiendo soluciones que ayuden a evaluar a nuestros hijos y que las actividades solicitadas a los estudiantes estén diseñadas de acuerdo con su discapacidad y capacidad de aprendizaje. no se ha obtenido ningún tipo de respuesta y prácticamente ya perdieron nuestros hijos todo un año”, asegura Isabel Romero Salmerón, madre de un joven con discapacidad que acude al CAED ubicado dentro de las instalaciones del Cetis 54.

Agrega que la pandemia ha hecho aún más evidente que para las autoridades educativas los estudiantes con discapacidad son menos valiosos que uno que no la tiene. “Ya lo dijo el subsecretario Juan Pablo Arroyo, que la DGB no puede ser depósito de gente que no tiene posibilidades de desarrollarse, estas son las autoridades encargadas de la política de inclusión, insignia del presidente López Obrador”, señala.

Víctor Hugo Luna, profesor de Educación Especial, establece que lograr objetivos de aprendizaje del plan de estudios modular debería ser prioridad para la SEP, “pero de la mano debe ir la evaluación de dichos contenidos”, y asegura que este nuevo contexto educativo provocado por la pandemia no hace otra cosa que visibilizar una problemática histórica que han enfrentado los jóvenes con discapacidad a nivel medio superior desde hace 11 años: el acceso restringido a la educación, la falta de estrategias por parte del Estado para responder a sus necesidades y la negativa a una revisión y formalización de los CAED.