Se desploma presupuesto educativo para estudiantes con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de diciembre de 2020. — Nunca antes el panorama para los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) había sido tan desolador como para el próximo 2021.

Considerando que las personas con discapacidad son un grupo vulnerable, la educación se vuelve una herramienta fundamental que permite ayudar a transformar la realidad de miles de jóvenes, ya que la escuela se convierte en uno de los pocos espacios de integración real.

Por ello, en 2009 se crean los CAED como única opción que ofrece el gobierno para los jóvenes con diversas discapacidades, desde entonces ha venido peleando por recursos que le permitan subsistir.

La propuesta presupuestal para 2021 en educación asciende a 338 mil millones de pesos, lo que representa 5.37 por ciento del presupuesto total. En relación con el gasto educativo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, este año se obtuvo un ligero crecimiento, sin embargo, presenta un recorte de 1.3 por ciento en comparación con el gasto educativo ejercido en 2019.

Para los CAED en los últimos años su presupuesto se ha desplomado. 

En 2016, les asignaron 70 millones 185 mil 930 pesos

En 2017, 43 millones 749 mil 381 pesos. 

En 2018, 33 millones 16 mil 265 pesos.

En 2019, con 32 millones

En 2020 sólo se les asignó 32 millones 521 mil 21 pesos

Y para el próximo año 2021 estaría operando con 20% menos de presupuesto que en 2020, con 26 millones 016 mil 817 pesos.

Pero el negro panorama no termina con el desplome del presupuesto, para el próximo año los más de 35 mil estudiantes con discapacidad que hay en los 291 centros CAED en todo el país, tendrán que enfrentar un nuevo escenario: no contarán con el fideicomiso para el bachillerato general en sus modalidades no escolarizada y mixta que disponía de más de 144 millones de pesos, lo que garantizaba los servicios ofrecidos por el sistema de Preparatoria Abierta.

En su pasado informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con los CAED buscará asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, mediante apoyos y equipamiento para los servicios educativos públicos de educación media superior, pero solo queda en el papel, en las buenas intenciones, ya que la Subsecretaría de Educación Media Superior ha reconocido que deben tener 670 millones de pesos para operar, y para el 2021 sólo dispondrá de 20 millones.

Asimismo, en el II Informe de gobierno se establece que, a junio de 2020, a nivel nacional, estaban en funcionamiento 291 centros ubicados en instalaciones de planteles pertenecientes a diversos subsistemas de la educación media superior, en los que había inscritos más de 30 mil estudiantes con discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual.

Las personas con discapacidad intelectual son el grueso de la población estudiantil en los CAED, es decir, 14 mil 775 (48 por ciento) estudiantes; 73 por ciento de la matrícula en los CAED es población joven, entre 15 y 25 años. Bimestralmente se atienden más de 5 mil solicitudes de exámenes a nivel nacional. (Esto quiere decir que se dejaron de recibir más de 20 mil solicitudes de exámenes por no crear, las autoridades educativas, estrategias para dar continuidad a las evaluaciones bimestrales).

Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020, se inscribieron 2,891 estudiantes en los 291 CAED a nivel nacional. Con dichas inscripciones, la matrícula ascendió a 30,514 estudiantes en todo el país. De los alumnos atendidos en los CAED, durante el ciclo escolar 2019-2020, 48 por ciento reportó discapacidad intelectual, 17 por ciento motriz, 13 por ciento auditiva, 10 por ciento visual, 3 por ciento psicosocial y 9 por ciento otras.

Es urgente replantear el servicio educativo que se brinda a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad por ser éste el único que existe en el país y que abre la posibilidad de continuar el desarrollo educativo a nivel medio superior; sin embargo, todo indica que el presupuesto otra vez invisibilizó a las personas con discapacidad, cuyo abandono es el resultado de un gobierno que se ha enfocado en hacer políticas asistencialistas en lugar de crear políticas públicas de inclusión y equidad.