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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre de 2020.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso la máxima sanción administrativa permitida por la norma, consistente en destitución del cargo e inhabilitación, a un profesor del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 6 Miguel Othón de Mendizábal, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por agredir sexualmente a una alumna.
Y el IPN, también en un comunicado, precisó que desde el primer día de los hechos procedió a cesarlo de manera fulminante, al tiempo que dio parte al OIC y la estudiante denunció penalmente los hechos del 29 de marzo de 2019 y la Dirección de Asuntos Jurídicos del IPN le asignó una abogada que la asistió en todo lo relativo a la denuncia penal, obteniéndose la orden de aprehensión del trabajador, quien está preso en el Reclusorio Sur.
«Respecto al tema de la agresión contra la alumna del IPN, es muy importante destacar que se preservó el lugar de los hechos, a fin de dar resultados contundentes en el peritaje que realizó la autoridad respectiva», subrayó.
En un comunicado, SFP añadió que su titular, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseveró que “el compromiso de este gobierno con las mujeres trasciende las palabras y se manifiesta en acciones y políticas públicas concretas. El acoso y el hostigamiento sexuales son inaceptables en la Administración Pública Federal”.
Destacó SFP que esta es la primera vez que el Órgano Interno de Control (OIC) en el IPN sanciona una agresión sexual por ir en contra de los valores y principios establecidos por el Código de Ética de las Personas Públicas del Gobierno federal, lo que sienta un precedente para este tipo de casos, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no especifica esta conducta como una falta sancionable.
En apego a la norma y con una perspectiva de atención a la comunidad politécnica, el OIC atendió la denuncia presentada por la víctima en 2019, en la que acusó a un profesor de haberla atacado sexualmente dentro del plantel escolar.
Durante la investigación, se realizaron diversas diligencias, entre las que destacan recabar las declaraciones de la propia víctima y de otros estudiantes del mismo plantel.
Como parte de los trabajos de coordinación con todas las autoridades competentes, se valoró e integró un dictamen psicológico emitido por peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Todo esto llevó a determinar las sanciones que, en el ámbito administrativo, corresponde imponer al profesor en su carácter de servidor público, quien, además, ya se encuentra privado de su libertad al también ser denunciado por la vía penal.