Teléfono rojo/José Ureña

• Más de 900 denuncias penales contra funcionarios corruptos
• La Auditoría Superior atiza, la Fiscalía General las analiza
• La oposición impide designaciones de incapaces en la CRE

Para quienes lo dudaban:

Viene el ajuste de cuentas contra los gobernantes corruptos.

Será una operación de muchas bandas.

La primera:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá un papel fundamentalísimo, y no precisamente porque vaya a tener un protagonismo mediático desde el punto de vista penal.

Eso corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) y de esto sabe mucho su titular Alejandro Gertz Manero.

La secuencia es la siguiente:

A su arribo, hace casi ya un año, el titular de la ASF, el oaxaqueño David Colmenares Páramo comenzó a revisar el pasado inmediato –sobre todo el de Juan Manuel Portal– y a dar seguimiento a muchos casos.

Había materia.

La Auditoría revisaba partidas de aquí, allá y acullá y exponía los resultados de los arqueos realizados a prácticamente todas las dependencias del gobierno federal.

Todos nos enterábamos de sus reportes sobre fiscalización –desvíos de recursos, inversiones no aclaradas y otras operaciones con recursos federales–, pero al final cuentas no aclaradas.

Ya no será así.

Y miles de funcionarios involucrados

La estrategia es colectiva.

La Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares Páramos, decíamos, tendrá relevancia porque aporta y aportará datos técnicamente sustentados sobre funcionarios corruptos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de María de la Luz Mijangos hará su parte y al final la Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero llevará a proceso a los inculpados.

Hay materia:

En estos momentos hay más de 900 denuncias presentadas y ratificadas por la ASF derivadas de la revisión cuentas públicas de la federación, en especial del ejercicio de 2017.

Pero ya comenzaron también los reportes de la correspondiente a 2018.

Hasta hoy hablamos de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo último ejercicio está bajo escrutinio, y también de dinero entregado el año pasado a gobiernos estatales.

Los señalamientos apuntan a altos, medianos y funcionarios menores cuyos nombres se conocerán en cuanto el Ministerio Público fundamente los cargos y los consigne ante la justicia.

Más de 900 denuncias son muchas, podrían involucrar a miles de personas y la millonada desviada o sustraída deberá ser reintegrada al erario.