Transparencia está en retroceso con AMLO: MCCI

CIUDAD DE MEXICO, 9 de agosto de 2023.- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó hoy el estudio Sin otros datos, que concluye que 7 de cada 10 bases de datos con información pública están abandonadas.

El estudio es sobre el legado de la política de transparencia de AMLO y el abandono de la información pública, en el que recopilaron todas las bases de datos del gobierno federal para evaluar la calidad de la información de los archivos.  

El equipo de MCCI analizó las 12,570 bases de datos públicas de la plataforma datos.gob.mx y encontró que 8,890 archivos (71% del total) tienen al menos dos años sin haber sido actualizados, es decir 7 de cada 10.

Las instituciones con más bases de datos abandonadas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Oficina de la Presidencia de la República, el Centro Nacional de Control de Energía, la Secretaria de Bienestar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Al revisar la información que las dependencias federales publicaron en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el portal en el cual cada institución debe poner a disposición de los ciudadanos un catálogo mínimo de datos específicos marcados por la ley, se encontró que el número total de estadísticas presentadas por las instituciones ha disminuido 36% entre 2018 y 2022.

Cada vez hay menos datos y menos cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

Adicionalmente a la revisión de la información de los sitios de datos.gob.mx y la PNT, también se evaluaron las páginas individuales de transparencia de 301 instituciones de la Administración Pública Federal.

Combinando estos datos, MCCI creó una metodología para asignar una calificación de 0 a 100 puntos a cada dependencia. La calificación general del gobierno federal fue reprobatoria, con 29.7 puntos. 

Todos reprobaron

Ninguno de los 5 sectores estratégicos principales del gobierno aprobó la evaluación, pues el puntaje más alto fue para Bienestar, que obtuvo 41 puntos, mientras que el sector del Ejército obtuvo la peor calificación, con 30 puntos.

En la presentación del estudio, los investigadores Alejandro Escalante y Lorenzo León explicaron que se trabajó con fichas con las evaluaciones individuales de todas las dependencias, así como una relación detallada de las bases de datos abandonadas y con mala calidad.

Esta información se encuentra a disposición de las autoridades y la ciudadanía para poder tener un inventario preciso de todos los datos que se han perdido y ofrecer herramientas para corregirlo. 

Los resultados fueron analizados y discutidos por María Amparo Casar, presidenta de MCCI, quien estuvo acompañada de Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Alma Rangel, directora de Codeando México, y Leonardo Núñez González, director de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI. 

Los integrantes de MCCI destacaron que el derecho al acceso a la información se encuentra amenazado por partida doble.

Además de la pérdida de datos acreditada por la investigación, hay que considerar la parálisis deliberada en que se ha colocado al INAI debido a que desde hace 131 días no cuenta con quorum legal para sesionar, acumulando 7,821 medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales que, con corte al pasado 4 de agosto, se encuentran pendientes de resolución.  

Los ciudadanos enfrentan graves dificultades cuando las autoridades se niegan a entregar la información, la clasifican bajo el argumento de la seguridad nacional o la declaran inexistente, lo cual es particularmente recurrente en esta administración. 

A pesar de este panorama, la información sobre las pérdidas de datos es de utilidad en los trabajos institucionales que algunos organismos autónomos siguen realizando, como la Política Nacional de Datos Abiertos, un esfuerzo coordinado por el INAI que aprovechará hallazgos como los que documentó MCCI para crear políticas públicas que mejoren la calidad y cantidad de la información pública del gobierno.