Violación de derechos humanos, actividad constante de órganos de gobierno: legisladora

CIIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre (Quadratín México).- La violación a los derechos humanos se ha convertido en una actividad constante de los órganos de gobierno, sobre todo aquellos encargados de la seguridad pública, advirtió la diputada María del Carmen Martínez Santillán.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) afirmó que el único efecto de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un “regaño público”, como ocurrió con el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien en 2007, dijo, fue “violada y asesinada por militares” en la sierra de Zongolica, Veracruz.

Juzgó que “si bien es cierto que el Estado ha avanzado en garantizar y proteger los derechos humanos de sus habitantes, aún faltan los procedimientos para hacer efectiva dicha protección con sanciones penales a aquellos funcionarios públicos que han cometido o encubierto violaciones a los derechos humanos”.

Para cambiar esta situación, Martínez Santillán presentó una iniciativa en la que propone que la violación de derechos humanos cometidas por servidores públicos estén incluidas en el catálogo de delitos graves y castigados hasta con 10 años de prisión.

La propuesta  adiciona un capítulo XIV al Título Décimo del Código Penal Federal, así como un numeral 37 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Dichos cambios establecen que al servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión viole los derechos humanos reconocidos en la Constitución, atentando  contra la vida, libertad, integridad física o patrimonial de las personas, se le impondrá de seis a diez años de prisión, de trescientos hasta seiscientos días multa y destitución e inhabilitación de seis a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.

También plantea que el servidor público que organice, dirija, patrocine o incite a otros servidores para cometer el delito de violación de derechos humanos o encubra a quienes lo cometieron, se les aplicará la pena de tres a cinco años de prisión, de ciento cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

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