Visión financiera/Georgina Howard

Golondrinas por falta de certeza jurídica

Uno de los pilares en el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la situación de las concesiones mineras en el país, en donde ha subrayado que su gobierno no otorgará ninguna nueva, pero que respetará la operación de las existentes y brindará certeza jurídica. 

Le comento esto porque es precisamente la falta de justicia lo que ha provocado que varias inversiones mineras hayan migrado del país o estén por hacerlo. Tal es el caso de la minera San Pedro Resources, instalada en el municipio de Miguel Auza, en Zacatecas, que gobierna Alejandro Tello Cisterna, en donde se podría perder la fuente de ingresos de 60 familias. 

El tema viene desde 2006, cuando esta firma celebró un contrato con el dueño de la concesión minera de dicho municipio, en donde a éste se le pagarían dos mil 500 dólares norteamericanos mensualmente o una regalía del 3 por ciento de la venta de los minerales extraídos y comercializados de la concesión minera, todo ello, sujeto a dicho acuerdo de exploración y explotación que tiene una opción de compra definitiva de la concesión por la cantidad de 500 mil dólares norteamericanos.

La realidad es que la mina nunca pudo producir debido a condiciones climatológicas. Aun así, San Pedro ha intentado desde entonces hacerle llegar al ex dueño concesionario el pago de la regalía pactada considerando que no ha habido explotación de la mina, pero en cambio, éste demandó a la compañía.

Hablamos de la demanda 320/2014 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, en donde las autoridades judiciales locales determinaron una condena, por supuestos daños y perjuicios, de más de 23 millones de dólares norteamericanos a favor del demandante.

Así de irrisorio como lo lee. Lo anterior, evidentemente pondría en quiebra a la empresa y con las maletas listas para retirar su inversión y dejar sin trabajo a todas estas personas de la comunidad de Miguel Auza. 

Sin duda, una llamada de atención al poder judicial, que a nivel federal lleva el Consejo de la Judicatura Federal, que preside Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como a los jueces que han intervenido en este proceso, pues México no se puede dar el lujo de mandar una señal de falta de certeza jurídica al mercado internacional.

*** Apuesta por comunicación de punta 

Ahora que el gobierno federal analiza actualizar la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR), que utilizan los cuerpos de seguridad del país en los tres niveles, tal como la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio; la SEDENA, de Luis Cresencio Sandoval; la Marina, de José Rafael Ojeda Durán; así como diversas corporaciones estatales, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que lleva Mario Alberto Rodríguez Casas, ya levantó la mano.

Se trata de un estudio encargado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, mismo que concluye que la RNR debe continuar su modernización al protocolo IP y que la actualización sea en la misma plataforma Tetrapol, que hoy es operada por la firma francesa Airbus, de Fred Gallart, no solo por el ahorro que representaría de casi 1,393 millones de pesos para el gobierno de la 4T, sino también porque la interconectividad con otras tecnologías alternas instaladas en algunos estados del país estaría garantizada. Así, el rumor de que esta tecnología es un monopolio es completamente echado para abajo.

*** ¿Y las pruebas?

TOME NOTA *** En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Zoé Robledo, siguen esperando a su proveedor Hemoser, de Ignacio Higareda, para la instalación de los equipos necesarios para la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022 que debió comenzar desde el pasado 1 de julio en diversos hospitales de la Delegación Sur de la Ciudad de México, así como en otros de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, y Morelos, a pesar de que es fundamental para el tratamiento de pequeños en neonatología y personas en terapia intensiva, solo por mencionar algunos pacientes que dependen de este.

Ante esto, en el sector se preguntan por qué no ha actuado el director de prestaciones médicas, Víctor Hugo Borja, más aún al tomar en cuenta que al interior del propio IMSS corren versiones sobre que la empresa ni siquiera ha cerrado negociaciones con los fabricantes, además de que muchos de los reactivos y tecnologías son de origen chino o brasileño, por lo que ahora la interrogante es si tienen los registros sanitarios correspondientes, así como el respectivo certificado de libre venta. En tanto, el tiempo corre y el servicio todavía no funciona de manera óptima.

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