Gobierno debe entender mensaje de ONU sobre caso Iguala: PRD

MÉXICO, DF., 9 de octubre de 2015.- Aunque reconoció la apertura que muestra la Procuraduría General de la República (PGR) para que intervengan expertos internacionales en el caso Ayotzinapa, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, insistió que el Gobierno debe entender el mensaje que le dejaron los visitantes internacionales: la tragedia de Iguala no es un asunto aislado, sino un patrón de violaciones a los derechos humanos.

En su opinión, el diputado del PRD Ojeda Anguiano considera que el Gobierno debe dejar la soberbia e ir al fondo de las desapariciones, problema que afecta a grandes regiones del país.

Sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a acatarlas tal como quedó estipulado en 1969, cuando fue aprobada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, en septiembre de 1997, por 25 países, entre ellos México, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana y Ecuador.

El perredista señaló que la desaparición de los 43 normalistas representa una afrenta para todos los mexicanos y sus instituciones, pero apenas es la punta del iceberg, ya que existen miles de cientos de desaparecidos, muchos de los cuales ni siquiera son denunciados.

Al igual que Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados y su correligionario, Alejandro Ojeda, respaldó las observaciones tanto del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, como de la CIDH, en sus recientes visita a México.

Los datos lapidarios que subrayó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas: 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito.

El legislador del sol azteca dijo que para la mayoría de los mexicanos es evidente la enorme impunidad que prevalece frente a los delitos denunciados, muchos de los cuales ni siquiera son investigados, lo que ocasiona una enorme desconfianza de la población que, a su vez, incrementa las cifras negras, es decir, los delitos que no se denuncian.

Añadió que es contradictorio que por un lado se presuma que fueron las propias autoridades mexicanas las que invitaron a dichas instancias internacionales, y después reaccionen con descalificaciones ante los informes preliminares sobre el papel del país en materia de Derechos Humanos.