Impunidad en ejecuciones extrajudiciales afecta a México: AI

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de  2016.- La impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales son uno de los problemas que afectan a México para la impartición de justicia.

De acuerdo con el informe Anual 2015/16 de Amnistía Internacional (AI), en su apartado dedicado a nuestro país, la impunidad para los responsables de estas acciones son casi absolutas y puso como ejemplo el evento de Tlatlaya, Estado de México.

Por segundo año consecutivo, el organismo resaltó que las autoridades mexicanas no hicieron públicas las estadísticas sobre personas fallecidas o lesionadas en los enfrentamientos con policías o fuerzas armadas.

“Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una comisión especial de investigación del Congreso concluyeron por separado que la mayoría de los fallecidos habían sido abatidos cuando ya no representaban una amenaza.

«Siete soldados fueron arrestados, pero sólo tres seguían encarcelados en espera de juicio al concluir el año (2015). La Procuraduría General de la República (PGR) no investigó a ningún oficial del Ejército ni a otras personas con responsabilidad de mando que no habían impedido ni detenido dichos delitos», señala el documento.

En el estudio se aborda, también, la tortura, las desapariciones forzadas, las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos y la violencia contra las mujeres y niñas, como prácticas generalizadas o endémicas en México.

Reprochó que se tienen pendientes los 10 puntos, que anunció el presidente Enrique Peña Nieto en 2014, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Además de que siguen detenidas las leyes generales contra la tortura y la desaparición de personas en México.

México, Brasil y Venezuela encabezan la región de América Latina y el Caribe por su alto nivel de violencia y violaciones a los derechos humanos, según los datos del organismo internacional.

«Mientras el continente americano expresaba su alegría por los cambios positivos en el conflicto que asuela a Colombia desde hace decenios (…), la violencia siguió socavando los derechos humanos y las instituciones en países como Brasil, México y Venezuela», señala el Informe.