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VALLE DE CHALCO, Edomex., 13 de enero de 2015.- Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), en compañía de policías de Los Reyes la Paz e Ixtapaluca, presuntamente saquearon el corralón Grúas Ramírez que estuvo bajo su custodia durante dos años y tres meses.
El corralón fue clausurado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), durante un operativo en el que se buscaban autos robados.
Jorge Martínez Morales, abogado de la empresa Grúas Ramírez, señaló que los policías de las tres corporaciones obtuvieron ganancias de más de 80 millones de pesos al vender refacciones y piezas de los autos que se guardaban en ese depósito.
Los hermanos Guadalupe Agustín y Manuel Ramírez del Bosque, denunciaron que desde el 25 de octubre del año 2012 fue cerrado el lugar por órdenes de la juez de Chalco, Fabiola Catalina Aparicio Perales, bajo el supuesto delito de robo de vehículos. La propiedad quedó bajo resguardo de la agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia de La Perla y estos, a su vez, la dejaron bajo el resguardo de la CESC.
Sin embargo, señalan que desde esa fecha la juez cometió una serie de irregularidades como cerrar el negocio ubicado en avenida Cuauhtémoc, manzana 93, lote 1, de la colonia Darío Martínez 1ra. Sección, y no el que estaba ubicado en la Bahía de Todos los Santos S/N en la colonia de Tlalpizáhuac de Valle de Chalco.
En esa ocasión, “por ciertos intereses políticos y económicos fue cerrado el corralón, le colocaron sellos a la entrada, en las oficinas y en varios remolques donde se guardaban herramientas, artículos de valor y mercancía decomisada por la misma policía judicial y federal. Había un remolque incautado con piezas de vehículos compactos de una marca reconocida y todo fue saqueado”, resumió el abogado.
Durante los dos años y tres meses, los elementos de la Policía Estatal, Ministerial y municipales de La Paz, Ixtapaluca y Valle de Chalco, lograron desvalijar al menos el 50 por ciento de los 3 mil 600 automotores que estaban bajo su responsabilidad.
Incluso, dijeron, saquearon los contenedores donde se guardaban motocicletas, herramientas, motores y baterías.
Los hermanos comentaron que al abrir nuevamente el negocio estaba presente el notario público 126, Salvador Jiménez Espinoza, así como representantes de la agencia del Ministerio Público del centro de justicia de La Perla, a quienes les dijeron que levantaran la carpeta de investigación correspondiente.
Finalmente, los afectados señalaron que se documentó la forma en que llegaban patrullas al corralón y se llevaban las piezas que robaban de los automóviles, camiones, camionetas, tractocamiones y otras unidades que supuestamente estaban bajo su resguardo.