CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2018.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a los artículos 22 y 73 para ampliar el número de ilícitos para aplicar la Extinción de Dominio, es decir, se incorporan el robo de hidrocarburo mejor conocido como huachicoleo, así como la corrupción y delincuencia organizada.

El dictamen, que se avaló por 28 votos a favor y dos abstenciones, refiere que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal; explica que las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función.

Asimismo, señala que la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad y, en su caso, la destrucción de los mismos.

Queda claramente especificado que, se aplicará la extinción de dominio sobre bienes de carácter patrimonial de los cuales no se pueda acreditar su procedencia legitima y, además, estén relacionados con investigaciones en materia de corrupción, encubrimiento, faltas cometidas por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Cabe recordar que esta iniciativa ya había sido aprobada en la anterior Legislatura en San Lázaro, y enviada al Senado de la República, la cual hizo modificaciones respecto a que por la vía civil se pueda decretar la extinción de dominio.

En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, reconoció que los cambios en la Constitución en esta materia, son oportunos, porque cuando se investiga un delito, se tiene la posibilidad de que las autoridades ordenen que sus bienes patrimoniales sean retenidos, a fin, dijo, de que no pueda darse a la fuga y llevarse lo que ha robado.

Entrevistada en el recinto legislativo, Tagle indicó que estas modificaciones completa las anteriores reformas en materia de anticorrupción pues integran un mecanismo necesario para combatir la corrupción.

Sobre el robo de hidrocarburos, detalló que las investigaciones pueden llevar mucho tiempo; “mientras tanto, los bienes pueden ser enajenados o vendidos a otras personas, y al final de cuentas, aunque haya una sentencia condenatoria hacia las personas que cometieron esos delitos, el Estado estaría imposibilitado en retener esos bienes”, explicó.

El dictamen avalado en la Comisión de Puntos Constitucionales, se envió a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa en el Pleno, y se espera que sea la próxima semana cuando se discuta y eventualmente se apruebe.