Contexto

Las presiones de Estados Unidos para combatir el huachicol fiscal. Noroña contra los ejidatarios de Morelos

Desde el año pasado y de hace varios meses atrás, habíamos denunciado en este espacio que no se avanzaba mucho en las investigaciones sobre el huachicol fiscal, principalmente en el estado de Tamaulipas, afectando seriamente las finanzas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuyo dinero, en parte, fue destinado para las campañas políticas de Morena.

Con la llegada a nuestro país de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, se apresuraron las cosas --¿qué raro verdad? -- y ahora hay resultados. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 personas implicadas en el contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal, tras el aseguramiento en marzo pasado de un buque con un más de diez millones de litros en Tamaulipas. Explicó que la captura de estas personas era resultado de los “recientes despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas”.

Los operativos de Omar García Harfuch con decomisos extraordinarios, desnuda la protección que los cárteles y el crimen organizado gozaban en el gobierno de López Obrador. Donald Trump, desde su llegada como presidente de los Estados Unidos, implementó la estrategia de imponer altos aranceles a México como una forma de presionar para que actuara contra los cárteles, principalmente en la producción del fentanilo y el huachicol. En su momento se quejó de que unos 300 mil ciudadanos estadounidenses mueren anualmente por consumir ese tipo de droga y que no se puede permitir.

La presión de Estados Unidos se ha desbordado con los señalamientos de una lista de narco políticos y narcos gobernadores de Morena y culpa la tibieza del gobierno mexicano para actuar con mano dura. Si no hay resultados, habrá aranceles, si hay resultados, habrá marcha atrás. Pero las amenazas de Trump están vigentes pues ya hasta quiere intervenir con fuerzas policiales dentro de nuestro territorio.

Los datos que dieron Omar García Harfuch y el propio fiscal Alejandro Gertz Manero de la detención del vicealmirante, Manuel Roberto Farias Laguna junto con tres marinos, tres empresarios y civiles, son más que preocupantes por el tiempo que gozaron de complicidad de las pasadas autoridades.

Es un tema relevante la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina entre 2018 y 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las operaciones irregulares se detectaron desde el 2023 y no se hizo nada. Y ahora, tomaron mayor fuerza cuando fueron en marzo de este año, se aseguró el buque tanque Challenge Procyon, que transportaba 10 millones de litros de combustible ilegal. Habrá que ver hasta dónde está metido el empresario de Nuevo León y excolaborador presidencial Alfonso Romo.

Entre los detenidos están agentes aduanales, empresarios, servidores públicos y marinos, cuyo modus operandi era internar a México el producto disfrazado y esconder que realmente era huachicol bajo documentación apócrifa. Las operaciones se realizaban en Tamaulipas, un estado que gobierna el morenista, Américo Villarreal señalado como presunto involucrado con el crimen organizado y haber recibido recursos para su campaña política del principal huachicolero en esa entidad.

Llama la atención que uno de los detenidos, el capitán de la Secretaría de Marina (Semar) Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente involucrado en el caso de “huachicol fiscal” fue hallado muerto. El capitán Pérez Ramírez se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, cuando fue detenido.

De acuerdo con reportes, un exdirector de aduanas de Tampico lo señaló por presuntamente haber recibido sobornos como parte de una red de “huachicol fiscal” encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, que está prófugo. Y aunque Abraham Jeremías Pérez figuraba en la investigación, todavía no se giraba una orden de aprehensión en su contra porque estaba colaborando con la fiscalía.

Otro de los detenidos es el exjuez federal, Anuar González Hemadi, quien es uno de los catorce detenidos por la red de ‘huachicol’ fiscal en Tamaulipas. En mayo pasado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que González Hemadi fue contratado como apoderado legal de Mefra Fletes, empresa que transportaba en pipas el huachicol decomisado en Altamira, Tamaulipas, y en Ensenada, Baja California.

Se desempeñó como juez en el Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz hasta febrero de 2019, cuando fue destituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por “corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia”. González Hemadi fue el juez responsable del caso de “Los Porkys” que conmocionó a Veracruz en 2015, cuando cuatro jóvenes violaron a la menor Daphne “N”.

El exjuez, ahora detenido por su participación en la red de tráfico de huachicol fiscal, otorgó un amparo contra la detención de Diego Gabriel “N”, uno de los cuatro acusados de abusar sexualmente de la menor. El CJF lo separó de sus funciones debido a este fallo.

Este golpe al crimen organizado no es una casualidad sino una consecuencia de las presiones con las que Estados Unidos está asfixiando al gobierno de Claudia Sheinbaum para que combata y desarticule los cárteles de la droga y del crimen organizado que desde López Obrador gozaban de total libertad sin ser molestados.

Para Donald Trump, México tiene un narco gobierno y la presidenta, Claudia Sheinbaum, a pesar de haber sido elogiada por su contraparte estadounidense como una gran mujer, la realidad es que también reveló que tiene miedo atacar a esas organizaciones criminales. No olvidemos que el mandatario del país vecino tiene la información de primera mano de lo que han revelado ahora los testigos protegidos como lo son los hijos del Chapo Guzmán, así como el Ismael “El Mayo” Zambada.

Por eso el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede ocultar nada, pues el gobierno de Trump simplemente ofrece la información donde operan esos criminales y Harfuch con el apoyo de Marina y el Ejército, le toca la responsabilidad de hacer los operativos para su aseguramiento. Y así, hablan de soberanía. ¿cuál?

Este fin de semana sesionó la Asamblea General de Bienes Comunales de Tepoztlán donde el comunero Rubén Tapia Gama se pronunció respecto a la casa del senador Gerardo Fernández Noroña y pidió iniciar un juicio de restitución de la casa que compró el legislador morenista. La propiedad tiene un valor de 12 millones de pesos y se ubica en el Valle de Atongo, zona de alta plusvalía.

Se refirió que cuando encabezó una protesta afuera del inmueble para exigir al senador que esclarezca qué hace ahí, este amenazó con que los manifestantes “la pasaríamos muy mal”, el comunero criticó que, en vez de resolver el conflicto, Noroña se decidió por el amago y la bronca. Son los comuneros quienes deciden si procede o no la posesión y cesión de derechos.

Pero en el caso de Fernández Noroña, puntualizó, desconoció al Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán y señaló que entregaría la casa “en 99 años”. La Asamblea General de Bienes Comunales de Tepoztlán indicó que el tema será abordado en octubre cuando el nuevo comité tome protesta. Perseo Quiroz Rendón, presidente municipal de Tepoztlán, Morelos, dijo que la casa que se ostenta Fernández Noroña, está construida en un terreno irregular. No cabe duda que el pez por su propia boca muere. Y este miserable ya hasta dice que la casa no es suya. Vaya!!!