Contexto

“Por el bien del país, primero los López y…la dictadura Cubana” y en el sexenio van más de 12 mil desaparecidos.

La frase falaz de “por el bien del país, primero los pobres” acuñada en el gobierno de López Obrador, solamente sirvió para que el propio tabasqueño, sus parientes y allegados, sus hijos y los amigos de éstos, se enriquecieran de una manera brutal e inaudita durante el pasado sexenio. Y así como Carlos Salinas de Gortari inventó la frase de “no los veo ni los oigo” a los legisladores y dirigentes perredistas de lo criticaban, el nacido en Macuspana tampoco vio o escuchó, ni mucho menos recibió, a las madres buscadoras de personas desaparecidas, a los padres de niños con cáncer o demás grupos afectados durante su mandato.

Tampoco estableció políticas de ayudas concretas a esos grupos vulnerables y si envió apoyos a gobiernos torcidos, disfrazados de izquierda, como el de Nicaragua, Perú y Venezuela, convirtiéndose en candil de la calle y oscuridad de su casa. Ahora, supuestamente en retiro, sale por segunda vez, pero esta vez, para lanzar una convocatoria digital en las redes sociales que ha puesto a trabajar a la maquinaria de Morena, para apoyar a la agonizante dictadura cubana ante la crisis energética y de desabasto que consume a la isla caribeña, por el bloqueo estadounidense.

Miles de mexicanos recibieron la petición de López Obrador con asombro y la mayoría le indicaron que por qué no utilizaba los recursos que él y sus hijos acumularon en ilícitas operaciones durante su sexenio; otros le dijeron que aportara algo de los que se había robado o de lo que entregaron grupos de narcotraficantes y otros más le cuestionaron que por qué no pedía donaciones para los grupos de mexicanos que han tenido desgracias en este sexenio y en el suyo.

Lo que es un hecho, es que el llamado del tabasqueño para utilizar la cuenta Banorte 1358451779 para canalizar recursos hacia la asociación Humanidad con América Latina tuvo la respuesta de los cuadros de la llamada Cuarta Transformación. Con comprobante en mano, diversos funcionarios han comenzado a transferir montos significativos de sus dietas y salarios para la compra de petróleo, medicinas y alimentos para Cuba.

Los primeros donantes confirmados: Carlos Castillo Pérez (Diputado Federal) donando un mes íntegro de su sueldo: $61,871 pesos. Bloque Chihuahua: Los diputados Cuauhtémoc Estrada y Elizabeth Guzmán sumaron $82,000 pesos en conjunto. Gabinete CDMX: Javier Hidalgo (Deporte) aportó $10,000 pesos, seguido por Julia Álvarez Icaza (Medio Ambiente).  Si los 253 diputados federales de Morena se suman con un mes de dieta, la cifra superaría los $20 millones de pesos.

Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha respaldado la colecta como una muestra de solidaridad, la velocidad del proceso ha levantado cejas en el sector administrativo. La asociación civil receptora, Humanidad con América Latina, logró su registro y estatus de donataria ante el SAT en un tiempo récord de cuatro días hábiles en este marzo de 2026. Este "fast track" administrativo ha sido blanco de críticas por parte de la oposición, quienes cuestionan si otras organizaciones civiles reciben el mismo trato expedito para causas nacionales.

A pesar del entusiasmo político morenista, expertos en derecho internacional advierten sobre un obstáculo invisible: la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.). Debido a que Cuba permanece en la lista de países que Washington considera patrocinadores del terrorismo, los donantes podrían enfrentar complicaciones: Cualquier transferencia que toque bancos con corresponsalía en EU podría ser bloqueada.

Sanciones personales: Funcionarios con visas o activos en el extranjero podrían entrar en una zona de riesgo legal ante las regulaciones del bloqueo. Fiscalización bancaria: Banorte y otras instituciones deben navegar con cautela para evitar multas millonarias por facilitar transacciones hacia la isla.

Legisladores federales de oposición, de la bancada del PAN, exigieron al gobierno federal rendición de cuentas por la colecta convocada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para Cuba.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández promovió un Punto de Acuerdo al Congreso de la Unión para exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles remitan un informe detallado y documentado sobre los trámites realizados por la Asociación Civil "Humanidad con América Latina" para su constitución y obtención del estatus de donataria autorizada, incluyendo fechas exactas, documentos presentados y criterios de evaluación aplicados. La diputada del PAN, Noemí Luna, criticó que López Obrador haya salido a la escena pública para apoyar a lo que llamó "una dictadura". "Apoya a Cuba, a Venezuela y a Irán. Entre dictadores se protegen. López Obrador nunca fue demócrata, pero tampoco buena persona. Con los mexicanos jamás se ha solidarizado ni asumido responsabilidad por su corrupción, violencia y desastre que dejó en el sistema de salud", concluyó.

Veremos que dice Trump.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas suma oficialmente el reporte de 12,649 casos en todo México, de los cuales 653 corresponden a Sinaloa, en lo que va de este sexenio.

Activistas y defensores de derechos humanos lamentaron que aún con las seis medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar este delito, el panorama sigue siendo desalentador. Señalan vacíos en los cambios que propone a la ley y advierten sobre la falta de una estrategia de prevención, así como la persistente impunidad que sigue marcando esta incidencia en familias enteras.

Jorge Verástegui, activista y colaborador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, AC, (Centro Prodh), destacó que las medidas de la mandataria parecen una respuesta tardía al llamado que han hecho las familias de desaparecidos en México.

La mayoría de los puntos que ella pone como acciones a realizar, nuevas acciones, son acciones que de hecho está obligada por la Ley General que está en vigor desde el 2018 y que más bien no han hecho como gobierno. Entonces, nos preocupa porque es un mensaje desesperanzador, señaló.

Además, consideró que pareciera que hay un desconocimiento del tema por parte de la autoridad respecto a los mecanismos institucionales que existen y la propia Ley de Desapariciones.

Por otro lado, el activista señaló que la Comisión Nacional de Búsqueda sufrió un recorte presupuestal de cerca del 8 por ciento para el 2025 y, de alguna manera, ahora plantean más recursos, lo que podría significar que reconocen que se equivocaron.

De qué le sirve a una persona que desconoce del tema de búsqueda tener tanto dinero si no sabe buscar a las personas desaparecidas. Entonces, nos parece que una de las acciones para mostrar verdaderamente un cambio, voluntad política, era separar de su cargo a la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y reconocer que fue un error haber puesto a alguien con ese perfil, lanzó.

Por su parte, Édgar Cortez, defensor de derechos humanos y colaborador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, analizó que reformar la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único Registro Único de Población (CURP) para que sea posible cruzar esa información con todos los registros administrativos es pertinente y es una necesidad pendiente desde hace tiempo.

Sin embargo, opinó que se debe conocer cuánto tiempo llevará concretar este proyecto para que sirva a la localización de las personas desaparecidas. Aunado a lo anterior, analizó que crear la Base Nacional Única de Información Forense, como lo propone la presidenta, para que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal, parece chocar con lo ya existente.

La ley general estableció hace más de siete años la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, en los artículos del 119 al 127 de la ley general y la Fiscalía General de la República anunció que el BNDF inició sus funciones el 29 de mayo de 2023. Este Banco tiene el mismo propósito que la propuesta presidencial, entonces, ¿se propone ignorar al BNDF y empezar con otra base de datos?, cuestionó.

Destacó que el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas fue publicado el 6 de octubre de 2020.

Ahí se prevé la búsqueda inmediata y la apertura de carpetas de investigación. El problema no es la falta de protocolos, sino la cultura institucional de simulación, la lentitud y falta de interés, señaló.

No sabemos cuántas fosas más, pero hasta donde dejaron de contar ellos en Gobernación eran cerca de 3 mil. Se pasa de largo, ignoran, no mencionan en lo absoluto el crimen de reclutamiento, lamentó.

Jorge Verástegui, activista y colaborador del Centro Prodh, añadió que la prevención es algo que también se ha puesto siempre sobre la mesa por parte de activistas, al destacar que los familiares están abocados a la búsqueda, pero también todos los días observan que hay nuevas familias buscando.

Si como familias ya hemos hecho mucho, hemos exigido a las autoridades y las autoridades en el tema de prevención, parece que tampoco están haciendo nada. Creo que sin duda debió de haber sido uno de los puntos de la presidenta, es decir, vamos a diseñar una estrategia de prevención para erradicar las desapariciones, sostuvo.