Contexto/Fernando Ramírez De Aguilar L.

Una nueva ley no puede cambiar la historia ni tampoco las acciones del pasado

Varios académicos estudiosos del derecho sostienen que el hecho de promulgar una nueva ley no evita que ocurran cosas. Es decir, que no basta con que se emita un decreto para que las cosas cambien o mejoren. Es indispensable que los gobernados conozcamos las leyes y sus respectivas modificaciones, pero, sobre todo, que quienes son responsables de aplicarlas, lo hagan con honradez y eficiencia. Y esto viene a cuento porque una nueva ley ni puede negar la historia ni mucho menos desaparecer las acciones del pasado.

Ahora, hay un grupo de juristas de derecha, que veladamente tuvieron sus afectos priístas y panistas, y pretenden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esté integrada por personajes afines. Actualmente, de los once integrantes del pleno de ministros, hay al menos cinco que provienen de la carrera judicial; otros tres de la academia y solamente tres llegaron del sector público: Eduardo Medina Mora, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y Javier Laynez Potisek.

Desde hace tiempo grupos de poder pretenden influir en la integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues quieren, tal y como ha ocurrido en otras naciones europeas y americanas, constituir una instancia superior y que sea inclusive considerado como tribunal constitucional con facultades para remover, si es preciso, al propio Presidente de la República o desconocer al Congreso, si cometen faltas u omisiones a la propia Constitución.

Esta propuesta, sería un viraje al proyecto que duerme el sueño de los justos en el propio Congreso de la Unión y que pretende desaparecer definitivamente el presidencialismo y contar con un gobierno parlamentario. Es decir, que el Ejecutivo de la Unión, fuera designado por la mayoría en el congreso, tal y como ocurre en varias naciones europeas.

Si el Presidencialismo está o no agotado, la única forma de saberlo será en la próxima elección federal. Sus resultados demostrarán si hay todavía espacio para personajes socialmente populares y confiables. Pero si se da una votación dividida y similar en el número de sufragios –30-30-30 aproximadamente–, a pesar de las coaliciones, habría que pensar en que para que hubiera gobernabilidad, se debe buscar una nueva fórmula de gobierno.

Ningún partido político, por sí sólo, ganaría ahora la elección. Como se ven las cosas a solamente cuatro meses de la elección, el PRI_PVEM podrían perder la Presidencia de la República; el PRD podría perder la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; en las jefaturas delegacionales convertidas en cabildos habrá, sin lugar a dudas, alternancia, lo mismo que en las gubernaturas en disputa.

El pueblo de México pide solamente cinco cosas a los candidatos: que el Estado brinde seguridad; que haya empleo bien remunerado; que se combata y se castigue la corrupción; que quienes gobiernen lo hagan con eficiencia y honradez y que se acabe la impunidad.

Si alguno de los presidenciales convence de que puede cumplir con estos cinco puntos, estamos del otro lado. Hay que recordarles que todavía no empiezan formal y legalmente las campañas.