Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA CLXXIII… 

La arremetida feroz, agresiones verbales y descalificaciones presidenciales a los integrantes del Poder Judicial Federal. Y la confrontación entre los poderes de la Unión.

La arremetida feroz de López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todo el Poder Judicial Federal –que incluye insultos y descalificaciones en contra de ministros, magistrados y jueces federales–, no comenzó en enero pasado con la designación de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta del pleno de la Corte y del Consejo de la Judicatura, en sustitución de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea y de que nadie votó en favor de su plagiaria amiga Yasmín Esquivel Mossa, quien se había auto postulado para ocupar el lugar que ahora ocupa Norma Piña. El rencor y el odio del tabasqueño viene de muchos años atrás y se ha venido acrecentando con las últimas resoluciones. Vamos por partes.

Desde que fue desaforado por la Cámara de Diputados, el 6 de abril de 2005, cuando era entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por no haber acatado una sentencia definitiva de amparo a favor de un particular, Andrés Manuel López Obrador, arremetió y odió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que votaron en mayoría por su destitución por haber cometido el delito equiparable de abuso de autoridad. Desde entonces, pronunció aquella frase de “al diablo con sus instituciones”.

En 2004 se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno en Santa Fe, denominado El Encino y que fue expropiado años atrás por gobiernos anteriores. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó por ello directamente a López Obrador. El gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiese ante la justicia. El tema levantó en su momento polémica.

Una mayoría consideró el proceso de desafuero como una maniobra política para eliminar la posibilidad de que López Obrador fuese candidato a la presidencia de la República en 2006, ya que, aún si se lo declaraban inocente, el jefe de gobierno no podría registrarse como candidato mientras durase el proceso, que se vislumbraba largo. El gobierno federal, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, por su parte, mantuvieron su posición la mayor parte del tiempo, aludiendo a la defensa de la legalidad.

Ese 6 de abril de 2005, Andrés Manuel López Obrador dijo ante el pleno de la Cámara de Diputados, al ofrecer su discurso de defensa, previo a la votación que decidiría su destino político: “Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. A mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, reconoció en referencia a la acusación por la cual se inició el proceso. López Obrador abandonó el Palacio Legislativo de San Lázaro antes de conocer el resultado del proceso: 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.

Más tarde, en un proceso en el que participaron más de 41 millones de mexicanos, López Obrador perdió las discutidas elecciones ante Felipe Calderón por 0.56 por ciento de las votaciones, es decir, casi 230 mil sufragios. Ante ello, encabezó un plantón el 30 de julio de 2006 en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en protesta por los resultados en los que clamó que hubo fraude en su contra. En aquella ocasión, pidió el “voto por voto, casilla por casilla”, por el que se abrieron 11 mil paquetes electorales para llevar a cabo el recuento. La protesta, que duró 47 días, generó pérdidas millonarias para los comercios, hoteles y restaurantes ubicados en la zona, incluyendo fuentes de empleo, pero al tabasqueño no le importó.

Ahora, desde que llegó a la presidencia de la República, rencoroso, iracundo e irascible, buscará vengarse de todos los agravios y reveses sufridos. López Obrador ha impuesto como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la mayoría de los senadores de Morena, a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf.

Pero como Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat, han votado la mayor parte de sus resoluciones con la mayoría de los demás ministros en contra de las iniciativas y propuestas de López Obrador por ser inconstitucionales, pues ahora el tabasqueño ya no los quiere y los tachó de traidores y de conservadores. Es tal su coraje, que ahora, dijo que se arrepentía de haberlos propuesto como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber votado en la mayoría para que la Guardia Nacional se mantenga en la Secretaría de Seguridad Pública y no dependa bajo el control absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero hay más, desde la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, a la presidencia del máximo tribunal de justicia del país, López Obrador no ha cesado los ataques y los insultos en contra de ella y otros ministros a los que tacha de “conservadores”, una de sus frases favoritas. Y, berrinchudo como es, ordenó a los integrantes de su gabinete que no les contenten ni el teléfono.

El mes pasado, López Obrador aseguró que no le sorprendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque los ministros “están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador. Quedaron más expuestos y por eso no hay mal que por bien no venga porque esto ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando para consumar en definitiva la transformación del país…”.

Y en esa nueva arremetida en contra de los ministros, el tabasqueño leyó un escrito que preparó sobre su postura por la decisión asumida por la Suprema Corte de Justicia y expuso cinco puntos. El primero para afirmar que, a excepción de tres ministros –Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf–, el resto actuó “de manera facciosa y no con criterio jurídico sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y de cuello blanco”.

Según él los ministros de la Corte “están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría de la gente. Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público. Cada vez se desnudan más, se despojan de sus disfraces”. El tercer pronunciamiento fue que “para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional”, instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de quién dependerá está corporación, que mantenga al general retirado David Córdova Campos como comandante de la GN, “por su buen desempeño”.

En otro punto comentó que la GN “continuará recibiendo la orientación, formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la constitución se establece que en la Defensa como en Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir esfuerzos y recursos para proteger a los mexicanos, eso es fundamental”. Y el quinto punto es que en septiembre de 2024 enviaré otra iniciativa de reforma constitucional a una nueva legislatura para lo que espera “con toda el alma” que la población vote por legisladores de su partido o aliados para que alcancen las dos terceras partes y se logre esta reforma a la Constitución que, dijo, “es importantísima porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció de que la seguridad pública esté en manos de la delincuencia”.

Al día siguiente, López Obrador arremetió nuevamente contra la Suprema Corte y afirmó que “no les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente. Entonces usan de pretexto, de excusa tecnicismos y argumentos legaloides. Además, sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo politiqueramente”, insistió.

Advirtió que, salvo La Jornada y minúsculos portales y medios afines a su jefe de prensa, Jesús Ramírez Cuevas, los demás medios de comunicación están “en nuestra contra” porque su gobierno ya no se presta al contubernio ni a la corrupción. Nadie se lo cree, pero, en fin.

Es tal la campaña de la presidencia de la República en contra de la Suprema Corte de Justicia, que el miércoles pasado la vocera Ana Elizabeth García Vilchis aseguró que era mentira una información de la revista Emeequis que publicó una nota en la que informa que el Fondo de Cultura Económica gastó casi 300 mil pesos en la compra de pavos de Navidad, además de compras inesperadas de monedas de oro para sus empleados. Todo esto de las compras inesperadas y de que se hizo un dispendio es absolutamente falso.

Esta nota, según Emeequis, insistió la vocera, “que parece una denuncia de dispendio de recursos públicos, esconde un profundo clasismo y una falta de respeto a las y los trabajadores y sus derechos, y les vamos a decir por qué. En el contrato colectivo de trabajo del Fondo de Cultura Económica establece como prestación laboral recibir cada fin de año un pavo o una pierna de cerdo para la cena de Navidad, eso que parece un gran descubrimiento periodístico de Emeequis. Asimismo, el fondo está obligado a entregar a los trabajadores que tienen 25 años y 10 años de servicio una medalla de oro por su trayectoria y servicio, según consta en el citado contrato colectivo de trabajo. Pero les preguntamos a Emeequis y al El Universal: de los 723 mil pesos que disponen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para comidas y bebidas en restaurantes lujosos, ¿eso qué?, a esos no los toca Emeequis ni El Universal, la Suprema Corte no se toca, dicen quienes divulgan este tipo de mentiras”. Pero en ningún momento desmintieron el reportaje de la revista en cuestión ni tampoco demostraron que era mentira lo publicado, como sostuvo la vocera.

Luego de que por 8 votos a favor y tres en contra, el pleno de la Corte tiró el plan B de reforma electoral, pero la embestida furibunda de López Obrador que incluye un plantón permanente de sus simpatizantes morenistas a las afueras del recinto judicial en las calles de Pino Suárez, a un costado de la Palacio Nacional, se ha intensificado con la complacencia de la autoridad capitalina. Incluso, el sábado pasado, durante el mitin, frente a la Corte, en el que estuvo acompañado de legisladores y de decenas de simpatizantes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó al máximo tribunal del país de ponerse de lado del grupo político opositor al gobierno de López Obrador.

“El Poder Judicial Federal enfrenta al Ejecutivo que proviene de una elección que lo respalda por el voto popular mayoritario y su titular cuenta actualmente con una aceptación de más del 70 por ciento de la gente. Y, por si fuera poco, ella y ellos también desestiman la legitimidad, así como la constitucionalidad, de las decisiones del Poder Legislativo, que a la par del Ejecutivo, emana del voto libre, directo y universal del pueblo”, expuso Cuitláhuac García, mientras un grupo de simpatizantes morenistas agredía a reporteros y camarógrafos.

Andrés Manuel López Obrador dijo que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, contrató a una ex colaboradora de Genaro García Luna, Sonia Vargas Terrero, quien se desempeñó como directora general de recursos materiales, servicios generales e infraestructura de la Policía Federal, quien firmó contratos con empresas que están siendo investigadas en México. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios del Poder Judicial, la llegada de Vargas Terrero en abril de este año, como directora de área en la Dirección de Control de Nóminas y que forma parte de la coordinación de administración regional en la Ciudad de México, fue por decisión de los consejeros Sergio Molina Martínez, Bernardo Bátiz y Lilia Mónica López Benítez. Y no de Norma Piña.

Ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia por seis votos contra cinco declaró la invalidez absoluta del decreto firmado por el presidente López Obrador que declaraba todas las obras prioritarias como de seguridad nacional e interés público. Se determinó que la invalidez tiene efectos generales y no solo los de competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

El ambiente de confrontación con el Poder Judicial Federal lleva más de cinco meses, en que los insultos y las descalificaciones han sido el sello de la casa presidencial. Y lo que falta. Por lo que se ve, Andrés Manuel López Obrador y sus lacayos seguirán esta guerra hasta donde tope ¿y los otros? No los que de otra más que resistir. Ni modo.