Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Los últimos días de Peña Nieto y el país que le dejará a Andrés Manuel López Obrador

En esta semana se registrarán, sin duda, muchas situaciones que pondrán a prueba al gabinete que acompañará a partir de la madrugada del próximo viernes al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo que esperar tres elecciones presidenciales, que se traducen en 18 años para poder llegar a la Presidencia de la República.

Lamentablemente, en los últimos tres meses, hemos visto que tanto López Obrador como sus principales colaboradores han transitado del escándalo de una boda suntuosa y “fifí”, a la cancelación del proyecto de la obra más ambiciosa del sexenio del mexiquense Peña Nieto, así como una serie de medidas y declaraciones que han hecho temblar a los mercados financieros, a los capitales y a los inversionistas privados.

Eso, sin contar con las confrontaciones con los gobernadores por cuestiones presupuestales y porque se les quiere imponer un súper delegado federal que en muchas entidades son los mismos candidatos morenistas que perdieron la elección estatal; y que pese a su anuncio de que va a tirar al bote de la basura la llamada reforma educativa, a una semana de su toma de posesión, la Secretaría de Educación Pública continuó haciendo exámenes de evaluación a los maestros, inclusive a los que ya están a punto de jubilarse.

Aunado a ello, la inexplicable falta de atención oportuna del gobierno de Enrique Peña Nieto al asunto de las caravanas de migrantes, será una de las primeras crisis que enfrentará la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues desde principios de este mes, este asunto fue subiendo de escala, pues las caravanas de migrantes se han venido a multiplicar y como los manifestamos en este espacio pueden llegar a más de 20 mil personas, lo que ya es una verdadera crisis humanitaria y la actitud del gobierno de Donald Trump no ayuda mucho y ahora, en California, la patrulla fronteriza y el Ejército estadounidense ya tienen orden de disparar a matar a los migrantes que se atrevan a brincar las cercas.

La militarización de la frontera empeoró las cosas y López Obrador tendrá que afrontar esta primera crisis de manera inteligente, pues al interior del país hay división de opiniones con respecto a si se deben acoger o no a los migrantes centroamericanos que vienen huyendo de la violencia de las pandillas en sus países, pero sobre todo de la falta de empleos dignos y bien remunerados, mientras que el retrógrada mandatario estadounidense está más preocupado por conseguir fondos para construir el muro fronterizo e iniciar represalias económicas en contra de México que en tratar de buscar una solución integral a la migración centroamericana.

Junto a todo esto, Peña Nieto le deja a López Obrador un país desbastado en cuanto a los temas de seguridad, pues no hay día en que no se conozcan asesinatos masivos o denuncias de desaparecidos. La delincuencia organizada tiene el control de varias regiones del país y los grupos de autodefensa siguen creciendo y en algunas zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, hay éxodos muy similares a los que están ocurriendo en Honduras y El Salvador.

Si a toda esta mezcolanza le añadimos la tardanza con que el Congreso de la Unión llevará a cabo la reforma Constitucional que le dará vida a la Guardia Nacional y a que el cambio de mandos siempre genera incertidumbre y a que los gobernadores todavía no suscriben un pacto con AMLO para mejorar los niveles de seguridad en cada una de las entidades federativas que administran y al hecho de que muchos alcaldes o están coludidos o tienen miedo o no tienen el control de sus propios cuerpos policiacos, la situación no se puede ver con optimismo ni en el corto ni en el mediano plazo.

Asimismo, en la víspera de su toma de posesión, Andrés Manuel López Obrador, se encontrará con que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Ramón Cossío Díaz, ya pasaron a retiro al haber cumplido su periodo constitucional de quince años de servicios. Luna Ramos, es una jurista de carrera judicial, mientras que Cossío Díaz, provino de la academia.

Ambos, fueron muy relevantes en esta nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luna Ramos, mantuvo durante toda su carrera criterios apegados a su formación conservadora mientras que Cossío Díaz, le vino a dar una frescura a los debates y destacaría su gran conocimiento en temas como los de telecomunicaciones y los derechos humanos, asuntos en los que muchas veces sus argumentos llevaron a que el tribunal constitucional del país asumiera resoluciones que en otras épocas parecieran impensables. López Obrador tendrá que enviar las ternas al Senado para sustituirlos a la brevedad.

En cuanto al tema de los derechos humanos, varios organizaciones no gubernamentales y actividades especializados rechazaron el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador basado en la militarización y advirtieron que se avizoran mayores amenazas al dejar a las fuerzas castrenses en las calles y porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior por inconstitucional.

Los especialistas adujeron que se elige este camino, en un contexto mundial en el que crece un discurso contrario a los derechos humanos y la desesperación social lo permite. Criticaron  que no se haya contemplado una sola acción que realmente pueda bajar los índices de inseguridad.

A juicio de las organizaciones no gubernamentales, lo único que podría abatir a la delincuencia es acabar con la impunidad y el desmantelamiento de las redes de corrupción, frentes que fueron olvidados por el nuevo gobierno federal que trató de imponer un mecanismo de perdón y olvido y que fue absolutamente rechazado por los familiares de las víctimas. Ellos demandan justicia. Justicia a secas, no venganza.

Es, ese contexto, como López Obrador llegará el próximo sábado a rendir protesta constitucional ante el Congreso de la Unión. Se espera un mensaje de esperanza y no de desaliento.