Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El exlegislador de apellido Garizurieta tenía una frase que lo inmortalizó. Esa frase sostenía que vivir fuera del presupuesto era “vivir en el error”. Y esto viene a cuento porque apenas el sábado pasado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado envió el proyecto de presupuesto de Egresos e Ingresos de la Federación a la Cámara de Diputados y ya comenzaron los lloriqueos, quejas y regateos por las reducciones, principalmente a los organismos autónomos y a las universidades públicas e institutos de enseñanza superior.

El asunto, es de gran trascendencia para el propio López Obrador, pues a sólo 18 días de haber asumido la Presidencia de la República, no sólo se ha enfrascado en una peligrosa confrontación con los altos mandos del Poder Judicial Federal por el hecho de que no aceptan bajarse los sueldos y prestaciones, sino porque la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en los terrenos de Texcoco, pueden llevar a una confrontación con los principales bancos internacionales, como consecuencia de las tramposas negociaciones que hizo su antecesor Enrique Peña Nieto y en donde incluso está en juego dinero de los ahorros de los trabajadores invertidos en las irresponsables afores.

Los recortes presupuestales son entendibles desde cualquier punto de vista pues no sólo está sobre la mesa la “austeridad republicana”, sino las promesas de campaña del propio López Obrador de comenzar a revertir los niveles de pobreza y marginación que, desde su punto de vista son los que han motivado los acelerados niveles de violencia, los cuales, en los últimos días, han vuelto a retomar los niveles de preocupación, cuando los propios grupos delincuenciales están encarando sin miedo al Ejército y a la Marina. Ya no se diga a la policía federal.

Otro de los factores que tienen que ver con los recortes presupuestales, es el hecho de que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos está en juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su resolución podría darse hasta el mes de marzo.

Hay que recordar que a principios de este mes, la propia Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, quienes alegan que violenta la división de poderes.

El ministro Alberto Pérez Dayan concedió en su acuerdo de admisión la suspensión solicitada por los legisladores “para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia».

En el documento se expone que la suspensión de esta Ley de Remuneraciones no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos conforme a lo establecido en la Constitución. La Presidencia de la República presentó recursos en contra de la admisión y también fueron admitidos, por lo que la propia Corte ya pidió los informes, los cuales se deben entregar a la brevedad, aunque hay que recordar que el Poder Judicial Federal está en receso por vacaciones y regresará el próximo 2 de enero, cuando, por cierto, se elegirá nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y si el Senado de la República eligió al ministro número 11, en sustitución de José Ramón Cossío Díaz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que esta Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos –que sustituye a la Ley de Salarios Máximos– impide que los servidores públicos ganen más que el titular del Ejecutivo Federal. Incluso, criticó que los funcionarios judiciales y de organismos autónomos que, según él, perciben sueldos hasta de 600,000 pesos mensuales.

Por otra parte, hemos visto que en el juicio del narcotraficante sinaloense Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo, allá en Nueva York, la fiscalía estadounidense ha utilizado a una serie de testigos que, a cambio de reducción de penas o de impunidad, se atreven a decir mentiras y medias verdades. Son capaces hasta de involucrar hasta sus propias madres, con tal de complacer a las audiencias gringas.

Ahora, el capo colombiano Jorge Cifuentes mencionó que Ignacio Morales Lechuga, quien fue procurador General de la República entre 1991 y 1993, estaba en su nómina y a cambio de sobornos, le daba protección a él y a su familia.

Además, el colombiano, quien operaba un grupo independiente que trabajaba con distintos cárteles mexicanos, aseguró que en su nómina había al menos 70 policías federales que estaban a su servicio.

Durante el juicio a Guzmán Loera han salido a relucir distintos nombres de ex funcionarios mexicanos de todos los niveles, acusados de recibir sobornos de hasta 0 millones de dólares parte del propio «Chapo» Guzmán, para operar libremente o recibir protección de la policía en todos sus niveles.

En la lista mencionada por los “testigos protegidos” están los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, quienes en sus cuentas de Twitter o a través de sus equipos de comunicación rechazaron las acusaciones. También el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien también negó relación alguna.

Ahora, Ignacio Morales Lechuga rechazó las acusaciones del capo colombiano y aseguró que emprendería acciones en contra del capo colombiano: «Son falsas, calumniosas y sensacionalistas las afirmaciones hechas en torno a mi persona sobre una supuesta lista que me implica con Joaquín Guzmán Loera, porque estas tienen su origen no precisamente como parte de la audiencia que se lleva en los Estados Unidos de América, sino al margen de esta y por parte de un medio informativo que carece de toda veracidad», dijo Morales en una entrevista.

Por vacaciones, esta columna volverá el martes 8 de enero. Gracias por su comprensión. Y como dice mi amigo Joaquín López Dóriga no sé si merecidas, pero necesarias sí. Hasta pronto.