Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Petróleos Mexicanos ha enfrentado los últimos 30 años, intensos e inauditos saqueos que la estaban llevando prácticamente a la quiebra. La corrupción interna y un mal manejo administrativo de manera intencional, es lo que se está tratando de impedir. Esta es parte de esa historia:

Aquel 18 de marzo –ante la crisis económica que vivía el país–, aniversario de la expropiación petrolera, cuando el líder sindical Salvador Barragán Camacho, por instrucciones del verdadero dirigente sindical Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, le advirtió el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que si se hundía Petróleos Mexicanos se hundía su gobierno, pues ya habían comenzado las “privatizaciones” y las concesiones ilegales a grupos empresariales. Fue cuando se comenzó a gestar la historia moderna de la industria energética nacional con su desmantelamiento y saqueo. No hay que olvidar el encarcelamiento del ingeniero y senador sonorense Jorge Díaz Serrano, ex director de la paraestatal.

Una vez que de la Madrid tomó la decisión de designar candidato del PRI a la Presidencia de la República su secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, este envió a Ciudad Madero, unos emisarios para negociar con “La Quina”, pero la mayoría de los trabajadores petroleros votaron a favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.  Salinas de Gortari tomó posesión el primero de diciembre de 1988 y el 19 de enero de 1989, en una operación policiaca militar, Salinas ordenó el arresto de “la Quina” y una treintena de dirigentes sindicales petroleros más a quienes se les “sembró” un arsenal de armas que previamente se les habían confiscado a grupos delincuenciales ligados al narcotráfico. Estuvieron varios años en la cárcel.

Dos años después, también en un 18 de marzo, Salinas de Gortari, anunció el cierre definitivo de la refinería de Pemex en Azcapotzalco, y anunció la construcción de una más grande y moderna en Oaxaca y de otra en Veracruz. Nunca cumplió. Luego vino el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León como consecuencia del trágico asesinato en Tijuana del sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta y en la sucesión, se conoció el llamado “Pemexgate”, cuando dirigía la paraestatal Rogelio Montemayor Seguy. Cómo estaría es saqueo a las arcas de Petróleos Mexicanos que en 2001, el entones Instituto Federal Electoral le aplicó al PRI una multa histórica del mil millones de pesos.

A pesar del ilegal desvío de multimillonarios recursos públicos de los trabajadores y obreros para financiar una «Elección de Estado» a favor del candidato oficial, este no logró ganar los comicios presidenciales y por primera vez el país sería gobernado por alguien proveniente del Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quezada, quien vendió la flota de buques petroleros que pertenecían a Pemex y comenzó a entregar contratos a empresas extranjeras, algunas de las cuales traían gasolina desde la India.

Está ampliamente documentado y es público que familiares de Vicente Fox obtenían en Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos que favorecían a la empresa Oceanografía cuyo principal accionista es Amado Yañez, quienes exigían fuera de toda normatividad que Pemex, Exploración y Producción (PEP) asignara millonarios contratos a dicha empresa.

Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, y su tío Guillermo Sahagún, hermano de Marta, esposa del expresidente Vicente Fox, obtenían comisiones de esos contratos. En el sexenio foxista, la naviera recibió más de 9 mil millones de pesos en contratos de obras y servicios.

Se reveló en su momento cómo funcionarios de Pemex, entre ellos los exdirectores Raúl Muños Leos y Luis Ramírez Corzo; el exabogado general de la paraestatal, César Nava Vásquez (ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa), y el extitular de PEP, Carlos Morales Gil, violaron la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al proteger a la naviera para favorecer a la familia presidencial del guanajuatense. Con Felipe Calderón en la Presidencia de la República, dicha empresa naviera le fue re bien con los contratos, hasta que no pudo pagar un préstamo a Banamex y Yañez se fue a la cárcel y la empresa entró en un proceso de quiebra.

En el 2017, Amado Yañez, dueño de Oceanografía, fue liberado. El juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, ordenó la sustitución de la prisión preventiva a cambio del pago de 7.5 millones de pesos.

Después de más de dos años de permanecer preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Amado Yañez, dueño de Oceanografía, fue liberado a cambio del pago de 7.5 millones de pesos. Yáñez, quien es acusado por el delito de violación grave a la Ley de Instituciones de Crédito, fue liberado.

Ahora, en el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto se llevó a cabo una reforma energética donde casi se privatizó todo y se generó un mercado paralelo de hidrocarburos afectando directamente a Petróleos mexicanos de manera intencional. Tan grave la situación que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde “desde un piso de la Torre de Pemex, a pesar de que se estaba constatando el robo, en vez de cerrar las válvulas las mantenían abiertas”.

En estas redes de robo de combustible también participan empresas y gasolineras donde se vende lo robado, dicen las autoridades.

“Se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con distribución, venta a particulares” sostiene el presidente.

Ahora con la nueva estrategia contra el “huachicoleo” se revisan las compras de combustible en las gasolineras y el volumen final de sus ventas.

Eso permitirá ubicar los negocios que venden gasolina robada, algo que pocas veces se aplicaba. Otro elemento de la estrategia contra el robo de combustible es la custodia de marinos y soldados a instalaciones de Pemex.

Desde hace unos días, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 4.000 elementos para vigilar los ductos. Adicionalmente se asignaron 900 soldados y marinos para acompañar a las pipas con gasolina, y evitar que sean secuestradas por “huachicoleros”.

Los militares revisan además las instalaciones en refinerías, el uso de teléfonos móviles por parte de los empleados y constatan que cada pipa transporte la cantidad de combustible asignada. En algunos casos se monitorea el destino de los camiones cisterna para asegurar que lleguen a las gasolineras. A pesar del despliegue militar, el abastecimiento en los estados afectados continuaba e inclusive los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Michoacán, Silvano Aureoles, pidieron una fecha para reabrir los oleoductos. Pero las válvulas seguirán cerradas el tiempo que sea necesario, insiste López Obrador. «A ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros».

Y creo que todos debemos apoyar a López Obrador y acabar con este saqueo criminal e inaudito. Esta corrupción nos está acabando como sociedad y como país.