El Fracaso del Sistema Penal Acusatorio, la Impunidad y la Suprema Corte de Justicia

* Sin resolver todos los casos de periodistas asesinados.

Un año antes de que entraran en vigor por ley los juicios penales orales, en la agencia de noticias Quadratín México, documentamos que los aparatos de justicia y los cuerpos de seguridad pública municipales, estatales y federales no habían sido capacitados y los cientos de millones de pesos destinados a lo largo de ocho años anteriores, fueron desviados y dilapidados en otros rubros.

Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales se hicieron de la vista gorda y manipularon la información, haciéndonos creer a millones de mexicanos de que se estaba capacitando a todo el aparato de justicia que intervendría en el nuevo sistema penal acusatorio. Eso, es un crimen y ahora vemos como los ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua, ambos de apellido Duarte, se robaron hasta los cubiertos de la mesa, mientras que el ex gobernador de Quintana Roo, resultó más pillo que Alibabá y sus 40 ladrones.

Y mientras sigan apareciendo fosas clandestinas y haya gobernadores como el panista de Chihuahua que prefiere ir a jugar golf que cumplir con sus obligaciones o el de Morelos que nomás piensa en cómo enriquecerse, la situación va a cambiar. Al contrario, se va agravar aún más. Un ejemplo más de la impunidad, son las declaraciones del gobernante capitalino, quien dijo que, como consecuencia del nuevo sistema penal acusatorio y el aparato de justicia ineficiente, aproximadamente 12 mil presos han salido de los penales de la ciudad y por ello se han incrementado los delitos patrimoniales y de sangre.

Ahora, estos hipócritas quieren que todo lo que se robaron, lo enmiende la Suprema Corte de Justicia, afinando el sistema penal acusatorio. Eso es muy, pero muy grave.

Aunado a ello, contrario a lo que se cree que la violencia sigue un patrón de las entidades federativas más pobres de la república, la coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) Patricia Obeso aseguró que el crimen organizado también está presente en los estados ricos como Nuevo León o los de la costa para acercarse a la frontera con Estados Unidos. El estudio Índice de Paz en México 2017 (IPM), presentado este martes, señala que “dos grupos de violencia” traspasaron las fronteras de por lo menos cuatro estados.

El primer grupo se extiende a ambos lados de la frontera entre los estados de Sinaloa (lugar 30 del IPM) y Durango, prolongándose hacia el norte a Chihuahua (24) y hacia el sur a Zacatecas (26). El segundo grupo se encuentra a lo largo de la costa, desde el extremo noroeste del estado de Jalisco, y hasta Colima, Michoacán, Guerrero, para finalizar en Oaxaca. Colima y Guerrero son los dos estados menos pacíficos de México, en tanto que Jalisco, Oaxaca y Michoacán se clasifican en los sitios 18, 19 y 23, respectivamente.

El reciente aumento en las tasas de homicidio es la tendencia más inquietante, pues luego de tres años de bajas significativas, el avance se revirtió en 2015 y 2016, cuando la tasa de homicidio llegó a casi 17 por cada 100 mil habitantes. En 2014, la tasa había bajado a 13 en comparación con el pico de 20 muertes por cada 100 mil habitantes en 2011.

Mientras tanto, la ALDF llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver sin presiones de ningún tipo las impugnaciones a la Constitución local, al tiempo de invitar a los diferentes partidos políticos y organizaciones no gubernamentales a salir en defensa de la Carta Magna capitalina.

Cuestionó lo que pasaría si la Suprema Corte ratifica en todos sus términos la Constitución local. “Una resolución de ese tipo empoderaría al ciudadano, generaría la posibilidad de que los diferentes congresos estatales puedan hacer modificaciones a sus Constituciones locales. También generaría la posibilidad de que se modifique la Constitución federal”, logrando tener al ciudadano como eje rector de principio a fin de los derechos ahí plasmados”.

Asimismo, ventiló que una pregunta que aún no tiene respuesta es quién o quiénes harían las modificaciones a la Carta Magna, en caso de que los ministros resuelvan no ratificar lo que aprobó la Asamblea Constituyente, “vale la pena que desde ahorita ya empecemos a formularnos esta interrogante”.

El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hizo un llamado a construir un país igualitario y justo, fundado en el derecho y en sus instituciones, que tienen como finalidad el progreso y la conservación de la unidad nacional.

Al encabezar representación del Poder Judicial de la Federación (PJF), el inicio de los festejos por el Bicentenario del Natalicio de Mariano Otero, destacó la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre el México de hoy y asumir el compromiso de alcanzar los objetivos comunes a todos los mexicanos. “Desde este lugar emblemático, los invito a una reflexión profunda sobre el México de hoy, y a asumir el compromiso de alcanzar los objetivos que nos son comunes: un país igualitario y justo fundado en el derecho y en sus instituciones, que no tienen otra finalidad, como diría Otero que el progreso de nuestros elementos sociales y la conservación de la unidad nacional”.

A 200 años del natalicio del jurista, sostuvo que las instituciones nacionales son producto indiscutible de personajes como Otero, a quien escribió como uno de los más importantes pensadores del siglo XIX y uno   de   los   creadores   de   una   figura   fundamental del Estado mexicano: el juicio de amparo.

IMPUNIDAD EN LOS CRÍMENES DE PERIODISTAS

El derecho a la información está en peligro y la libertad de expresión más, ante los embates criminales en contra de reporteros, reporteros gráficos, columnistas y editores, que se han venido acrecentar en los últimos meses. El reiterado ¡Ya basta!, se leía en el cartel que fue colocado en las escalinatas del Ángel de la Independencia, desde donde periodistas y ciudadanos marcharon para exigir justicia y que se castigue a los responsables de los asesinatos de periodistas en México. La PGR y su fiscalía no han resuelto hasta ahora ninguno de los crímenes contra colegas.

Es por ello que los periodistas reprochamos al gobierno la impunidad en torno a crímenes contra periodistas y la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión. En marzo, al menos tres periodistas fueron asesinados en México: Miroslava Breach (Chihuahua), Ricardo Monluí (Veracruz) y Cecilio Pineda (Guerrero). Tres casos que provocaron que los periodistas mexicanos tomaran las calles y los micrófonos para protestar contra el exterminio impune que desde hace años enfrentan los periodistas mexicanos.

Hay que recordar que, con 11 asesinatos de periodistas y profesionales de los medios de comunicación en 2016, México se ubicó en el tercer lugar mundial, de acuerdo con cifras de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Por encima de México, sólo Irak y Afganistán registraron mayor índice en homicidios, con 15 y 13, respectivamente.

La organización destacó que los niveles de violencia se han incrementado en estos tres países, debido al terrorismo extremista, los conflictos armados y el crimen organizado. De acuerdo con información de AP y La Jornada, la FIP informó que un total de 93 periodistas y profesionales de los medios fueron asesinados en 2016 y que otros 29 fallecieron en dos accidentes aéreos.

Desde el año 2000, 103 periodistas han sido asesinados en México, de acuerdo con las organizaciones Reporteros sin Fronteras y Artículo 19. Treinta de ellos han muerto en lo que va del sexenio; 10 en 2016, tres en marzo de 2017. El asesinato de periodistas es una manera de silenciar a una sociedad, sostuvieron diversos académicos quienes coincidieron en que el clima general que estamos viviendo es en el que se asesina a quienes denuncian la relación que hay entre el gobierno y los narcotraficantes, nuestro gran cáncer.