Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Del Pemexgate al Lozoyagate

Todo comenzó cuando el abogado Javier Coello, apoderado legal de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), violó los “derechos humanos” de su defendido y principal implicado en la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos de la empresa Odebrechet a la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto.

Según un comunicado que elaboró el mismo Javier Coello, desde el pasado 17 de agosto presentó un oficio ante la Fepade para solicitar información sobre la carpeta de investigación iniciada ante una denuncia que realizó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El 22 de agosto, Santiago Nieto respondió a los abogados de Lozoya Austin que “conforme a lo establecido en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda la información de las carpetas es de carácter reservado”. Por este argumento, Javier Coello, dijo que “es sorprendente” que Nieto Castillo “haya violado los más elementales principios rectores del sistema de justicia penal en México, como es el de presunción de inocencia, derecho a la intimidad y a la privacidad, justicia propia, derecho a una defensa adecuada e inmediata, garantía de que se informen los derechos del imputado”.

Pero el viernes pasado. Santiago Nieto Castillo fue cesado. La sorpresiva destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) es un duro golpe a la certeza jurídica y la credibilidad de la Fepade y todo el aparato de arbitraje al proceso electoral.

Nieto Castillo, en este melodrama que ya quisieran las telenovelas de Televisa, al asumir su propia defensa frente al despido del viernes 20, sostuvo en una misiva que fue “deficiente” la fundamentación de Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, quien fue quien lo corrió, y que por ello recurría al Senado de la República.

Al respecto, el presidente del Senado, el ¿panista? Ernesto Cordero Arroyo, informó que el encargado de la oficina de la PGR, el subprocurador Alberto Elías Beltrán y el destituido titular de la Fepade, Santiago Nieto, hablarán ante el pleno del Senado en una sesión ordinaria, para después los 128 senadores estén en posibilidades de votar si lo restituyen al titular de la Fepade o avalan la decisión de la PGR.

Ernesto Cordero informó que ha comenzado a dialogar con sus compañeros de la Mesa Directiva del Senado para informarles de esta decisión, a fin de que hoy, durante la reunión de la Mesa previa a la sesión del pleno, se apruebe esta metodología, que aplicará a un procedimiento inédito del Senado.

Organizaciones no gubernamentales como Transparencia Mexicana, sostienen –y yo coincido—en que esta remoción debe ser revertida por los senadores en los próximos diez días hábiles, pues la Constitución les otorga esa facultad. Tienen allí la oportunidad de reivindicarse y caminar junto con la sociedad, ya que la salida del titular de la Fepade logró unanimidad, pero en contra del PRI y del gobierno de Peña Nieto, muy proclive a temas ligados a la corrupción, por cierto muy parecido al llamado Pemexgate.

Al ex director de Pemex, lo señalaron algunos  ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, de haber recibido sobornos por 10.5 millones de dólares. Por ello, se le acusa también de haber desviado recursos a la campaña del PRI en 2012.  Por eso lo investigaba la Fepade.

Nieto ya había dado un severo golpe a la alianza PRI-PVEM, en el caso de Arturo Escobar y Vega, ex subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del propio PVEM, quien fue  consignado ante un juez porque firmó contratos para repartir las famosas tarjetas Premia Platino, prohibidas por ley, en calidad de representante legal del verde.

La Constitución otorga al Senado la facultad de revertir la destitución del titular de la Fepade en un plazo no mayor a los diez días hábiles.

La remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade presentó “diversos problemas jurídicos”, debido a que no se “fundó ni motivó” la decisión, tampoco se le permitió defenderse y quien firmó el documento “es encargado de despacho” de la PGR. Así lo expuso el propio cesado en la carta de cuatro cuartillas enviada a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

En su carta, el ex titular de la Fepade recuerda que asumió esta función el 19 de febrero de 2015 para cubrir un periodo hasta el 30 de noviembre de 2018. En el transitorio de la reforma constitucional que creó la Fiscalía General y las fiscalías Anticorrupción y de Delitos Electorales, “también se establece que el Senado de la República podrá objetar la remoción” del fiscal en un periodo de 10 días hábiles.

¿Pero quién es Nieto Castillo? El mismo gobierno federal, subió a Internet el currículum del funcionario cesado:

“Abogado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fungió como Coordinador de Asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ha sido Asesor Jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal y en el Consejo General del IFE.

En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal. Secretario de Estudio y Cuenta, así como Jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fue designado Magistrado Electoral Regional, fungiendo como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el ámbito académico: Profesor de las divisiones de Estudio de Posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. El Senado de la Republica lo designó Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en febrero de 2015.

Y como dijo el PRI: “Arriba y adelante con la corrupción”.