Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Que lo den por “muerto” pidió Nieto Castillo, quien ganó, con su cese, la contienda 

El inesperado cese de Santiago Nieto Castillo, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por parte del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán -, y el conflicto desatado en el Senado de la República, entre la oposición y el PRI y su aliado el PVEM, dejaron una pista delictiva imborrable:

Se confirmó lo que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, les dijo a los senadores y es el hecho de que la investigación sobre Odebrecht ya estaba concluida y que pronto vendrían las imputaciones penales. Quizá esa fue la verdadera razón por la que renunció días después. Desde Brasil, vinieron graves imputaciones y señalan como principal implicado en la investigación sobre presunta triangulación ilegal de fondos de la empresa Odebrecht a la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto, al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Las versiones sostienen que Lozoya desvió 10.5 millones de dólares de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012.

Pero la decisión de Santiago Nieto Castillo, de no seguir con su proceso de reinstalación en el Senado de la República, lo hace triunfador en esta contienda, pues todo lo que hicieron los senadores del PRI y del PVEM para que no fuera restituido en el cargo, muestra el interés de Peña Nieto de tratar de ocultar todo acto de corrupción que lo involucre.

La salida de Santiago Nieto pone todo en entredicho. Su decisión, irónicamente, le quita tremenda presión y dolor de cabeza a Emilio Gamboa Patrón, jefe de la bancada del PRI en el Senado, quien espera que ahora que Nieto Castillo ya se retiró, con ello le hace un favor a Emilio Lozoya, quien tiene demandado a Nieto.

Pero este caso, no sólo ha generado una crisis política sino que, sin embargo, ha puesto en el ojo del huracán a una de las instituciones claves para sancionar la trasparencia y equidad en la elección federal del año próximo. No obstante, la discusión mediática generada, no debe fincarse en las facultades que la PGR tiene para determinar el cese de uno de sus funcionarios.

Son muchas voces de adentro y afuera del gobierno federal que aseguran que la salida de Nieto Castillo fue el método para torcer la ley y encubrir al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, durante la elección presidencial de 2012.

El despacho del dos veces ex subprocurador general del país, Javier Coello Trejo, debe estar de plácemes, porque la salida Nieto Castillo será para ellos, no sólo un triunfo enormemente económico, sino que le permitirá asumir su defensa para que se le declare inocente.

De hecho, Javier Coello Zuarth, hijo del ex fiscal de hierro, sostuvo que el ex fiscal violó principios rectores del sistema penal, como la presunción de inocencia y derecho a la intimidad y privacidad e infringió disposiciones legales, desacató una orden judicial y violó los derechos humanos de su cliente.

Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que este caso es una demostración del por qué “tenemos que sacar al PRI de Los Pinos y cambiar el régimen político, mientras que el panista Ricardo Anaya, manifestó que la remoción de Nieto Castillo resulta “contraria al interés nacional de contar con una procuración de justicia imparcial y objetiva. Es inaceptable que esta destitución se produzca en medio de la profunda investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, durante la campaña presidencial de 2012. Además, esta decisión de la Procuraduría General de la República enrarece el ambiente de cara a la elección presidencial del próximo año, ya que da la impresión de que se pretende tener un titular de la Fepade a modo”.

En los hechos, Santiago Nieto aventó la toalla antes de que llegara el último round, pero ya había ganado la pelea por descalificación.

¿Fue una decisión personal? ¿Hubo negociaciones de alto nivel? ¿Acoso? ¿Amenazas como afirma la oposición? Son preguntas que todavía no tienen respuestas.

Por otra parte, la investigación del fraude del PT con recursos públicos se amplía cada día más y está involucrando a nuevos actores. Además de la esposa de Alberto Anaya, el líder histórico, María Guadalupe Rodríguez Martínez  y del dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz, la investigación ya ha alcanzado a otros funcionarios del partido y de la organización Tierra y Libertad.

La investigación no es compleja porque en este esquema de lavado de dinero y con absoluta impunidad, los petistas ni siquiera ocultaron demasiado sus huellas. El gobierno de Nuevo León inexplicablemente destinó 100 millones de pesos para unos centros de desarrollo infantil manejados por Tierra y Libertad y el PT. Los depositó directamente en la cuenta personal de la esposa de Alberto Anaya. Ella tomó de ahí 62 millones y los colocó en su cuenta de inversión. El resto lo fue canalizando en distintas partidas hacia Héctor Quiroz en Aguascalientes. Por supuesto que a los Centros de Desarrollo Infantil, no llegó ni un centavo. Todo se distribuyó en cuentas personales de dirigentes del PT.

El gobierno de Nuevo León es investigado porque es ilegal depositar recursos públicos, en las cuentas personales de alguien, en este caso de la esposa de Anaya. Muchos creen que fue el pago del respaldo legislativo local del PT a El Bronco. López Obrador y el propio Alberto Anaya se han apresurado a decir que son perseguidos porque el PT apoyó a Morena en el Estado de México. En realidad, son perseguidos porque son una bola de ladrones.