Derecho a educación, letra muerta: en rezago 24.3 millones de mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de noviembre de 2018.- La educación oficial en el México sigue siendo una tarea pendiente para las instancias gubernamentales. Al reconocer que hay avance en la armonización del derecho a la educación en las legislaciones locales que en promedio es del 85.31 por ciento a nivel nacional, acorde con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó que el reto es materializar ese derecho, ya que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016, en el país había 24.3 millones de personas que presentaban rezago educativo.

En el caso de personas hablantes de lengua indígena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 22.4 por ciento de hombres y 37 por ciento de mujeres no saben leer ni escribir, misma condición en que están 4 de cada 100 hombres y 6 de cada100 mujeres de 15 años y más. Además, 2 de cada 3 menores de edad entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela son indígenas.

De acuerdo a un comunicado de la CNDH, ante este panorama, la CNDH hace un firme llamado a los 32 gobiernos estatales del país para que cumplan en su totalidad con la armonización legislativa, ya que se trata de una buena herramienta que por sí sola no cambia realidades, pero sin ella no se puede avanzar. Si bien dicha armonización representa el anhelo de garantizar la igualdad de derechos en todas las latitudes del territorio nacional, aún persisten fuertes desigualdades e importantes retos en el tema educativo.

Esta Comisión Nacional advirtió que las entidades federativas que cuentan con el 92 por ciento de armonización normativa del derecho a la educación son Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; las que presentan avance menor al 80 por ciento son Nayarit, Oaxaca y Puebla.

Para esta Comisión Nacional, la armonización permite identificar y resolver contradicciones entre las normas jurídicas, superar incongruencias y cubrir lagunas, con el fin de hacer posible que los mandatos o disposiciones jurídicas fluyan sin obstáculo a través de un andamiaje institucional diseñado, hasta concretarse en su eficaz cumplimiento.

En el análisis de armonización legislativa del derecho a la educación este Organismo Nacional consideró el artículo 3° constitucional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, la Observación General No. 13 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Convención de Belem do Pará.

El examen normativo efectuado se concentró en las siguientes disposiciones jurídicas de las cuales se refiere su respectivo porcentaje de avance: al derecho a recibir educación con disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (100 por ciento); a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (95 por ciento); a la libertad de expresión (64.38 por ciento); a la libertad de información y comunicación (73.13 por ciento); a los beneficios de la cultura (97.50 por ciento); acceso al progreso científico y tecnológico (98.75 por ciento); a la no discriminación (85 por ciento); acceso a los servicios educativos a personas con discapacidad (91.25 por ciento); libertad académica y autonomía en instituciones de educación superior (65 por ciento); y, no regresividad (83.13 por ciento).

Cabe mencionar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce a la educación como cuestión prioritaria entre las acciones nacionales. Particularmente, el Objetivo 4 llama a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; a su vez, los países se comprometieron, mediante su quinta meta, a asegurar el acceso a la educación en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las que tienen alguna discapacidad, los pueblos indígenas y las personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, a todos los niveles de enseñanza y formación profesional.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pone a disposición de autoridades, sociedad civil y personas interesadas en el tema, la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa y, de manera particular, el análisis efectuado al derecho a la educación el cual puede consultarse dando clic aquí en ARMONIZACIÓN.