Extorsión y cobro de piso: proteger a quien produce
Salamanca: bomba de tiempo
Salamanca es una bomba de tiempo que detonó con la masacre de 11 personas y una decena de heridos, durante un partido de futbol en la comunidad de Loma de Flores.
Las primeras investigaciones apuntan a lo que toda y todo salmantino sabe: el móvil del ataque fue un choque entre cárteles que disputan el territorio, con daños colaterales que derivan de ese tipo de agresiones, incluyendo mujeres y menores.
Durante los últimos cuatro años, el municipio ha sido gobernado por el alcalde morenista César Prieto (al frente de su segundo periodo al ganar la elección consecutiva); en ese tiempo, los propios habitantes han denunciado que la ciudad se descompuso en materia de homicidios, extorsiones, secuestros y robos.
Empresarios y comerciantes locales han sido levantados, amenazados o extorsionados; decenas de ellos viven pagando derecho de piso por cien mil, doscientos mil pesos al mes, o mucho más, para comprar la seguridad que no les dan las autoridades.
Con datos conservadores, en Salamanca más de mil locales comerciales o restaurantes han cerrado por extorsiones y amenazas de muerte; plazas comerciales lucen abandonadas.
Pero la violencia a esa escala también alcanzó a micro y pequeños comerciantes. El pasado 13 de enero, a las 9:30 de la mañana, hombres armados privaron de su libertad a una trabajadora de un puesto de tacos al vapor en el bulevar Faja de Oro, ante la mirada atónita de clientes.
Los riesgos han escalado. El pasado 22 de enero, autoridades confirmaron la presencia de un artefacto explosivo colocado en la puerta 4 de la refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, con una cartulina que, al parecer, contenía mensajes amenazantes.
Desde hace años, el tema es un asunto de seguridad nacional por la relevancia de la refinería en la producción y suministro de combustibles.
En contraste, sin conceder, en el municipio de Celaya, el alcalde, también de Morena, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha aprovechado al partido en el poder y la buena relación con la federación para mostrar una disminución en diferentes delitos.
Actualmente, en Celaya hay más de dos mil 200 elementos de la Guardia Nacional, de los cuales 500 están comisionados exclusivamente a la Policía Municipal. Cabe recordar que su llegada a la presidencia municipal fue consecuencia de una tragedia: el asesinato de la candidata morenista Gisela Gaytán Gutiérrez.
Celaya tampoco es un caso resuelto en materia de seguridad, pero hay indicios de que avanzan en esa tarea.
Volviendo a Salamanca, locales y foráneos que recorren de forma frecuente sus calles y avenidas han comprobado la casi nula presencia de la Guardia Nacional en el municipio.
Salamanca debe ser prioridad para restablecer la paz. Pese a que el alcalde César Prieto publicó un video en el que se deslinda de cualquier relación con algún grupo delictivo que opera en la zona, la realidad es que su omisión por años para actuar o pedir ayuda a la federación y al estado de Guanajuato lo hunde en una cascada de cuestionamientos.