Teléfono rojo
En una tertulia con economistas y politólogos, ante la pregunta de por qué el órgano encargado de las elecciones había autorizado contar las llamadas “boletas planchadas”, un especialista curtido en decenas de batallas electorales contestó de manera contundente: las van a usar y ahora están construyendo la legalidad de esa trampa.
La consolidación de un sistema electoral con altos estándares de confianza se detuvo e inició la construcción de una democracia aparente. Durante décadas, la legitimidad del PRI se nutrió de materializar las demandas de la Revolución. El éxito del nacionalismo revolucionario y el desarrollo estabilizador son la mejor prueba de lo anterior. Sin embargo, para 1977, el modelo entraba en una fase de ajuste y requería la legitimidad que viene de los procesos electorales. López Portillo, “el último presidente de la Revolución”, aceptó su reto con la historia e inició la transición democrática, que incluyó la entrada del Partido Comunista a la arena comicial.
En 1990 se celebraron elecciones locales en Coahuila. Al día siguiente amanecimos con la noticia del triunfo de Acción Nacional en Saltillo y Parras, y del Frente Cardenista en Ciudad Acuña. El estado tiene 38 municipios y el PRI había sufrido la derrota en tres. Lo que para muchos significaba un gran descalabro no se leyó de esa manera a nivel nacional; por el contrario, se entendió como el resultado de un proceso democrático y un triunfo de la buena política del gobernador Eliseo Mendoza Berrueto.
Salinas de Gortari, entonces presidente, se afanaba por demostrar al mundo la modernidad del país y preparaba las condiciones para una apertura comercial de México almundo. Muchos gobernadores dejaron su cargo y las presiones electorales eran evidentes. El inicio del gobierno federal fue difícil: cargaba con la duda del fraude y, ante ello, se respondió con una reforma electoral que inició el tránsito, que se concretó años después, a contar con un órgano electoral autónomo y sin la participación del gobierno.
También se incorporaron las demandas de la oposición para contar con elementos más rigurosos para garantizar elecciones limpias. Elementos como urnas transparentes, boletas con talones foliados, mamparas para votar en secreto, tinta indeleble, actas foliadas y con suficientes copias, y una nueva credencial de elector se extendieron en la práctica comicial.
Ante el esfuerzo de organización, se ganó confianza y esta aumentó cuando el PRI reconoció el triunfo de Ernesto Ruffo Appel en Baja California. Unos años después, en Guanajuato, Vicente Fox se convertiría en gobernador y, con su enorme carisma, se enfilaría a la Presidencia de la República.
Al paso del tiempo, entiendo las buenas decisiones que en esos días tuvo Mendoza Berrueto, su grandeza de miras y su excelente manejo en los mares turbios de la política nacional. Durante ese sexenio me desempeñé como secretario técnico en el Consejo Estatal Electoral. José Fuentes García y Felipe González Rodríguez fueron los presidentes de este; eran los secretarios de Gobierno y de ambos recuerdo la misma instrucción: elecciones limpias y sin errores.
Ahora, para el INE y el régimen, no importa la pulcritud de las elecciones y menos la legitimidad de ellas. Las boletas que son usadas y entran en las urnas necesariamente tienen que doblarse, de tal manera que, si aparecen sin huella, lo que llamamos “planchadas” es indicativo de que se marcaron por un partido de manera ilegal. En pocas palabras: hay fraude.
El otrora prestigiado y defendido INE ha votado una serie de disparates, entre ellos, el de no invalidar las boletas “planchadas”.




