Escenario político

Antes y ahora, el problema persistente del mosaico de conflictivas del país es la inseguridad. En su conferencia de medios,la titular del poder Ejecutivo, interrogó a eso que llaman la oposición: ¿Qué proponen?. Y se respondió: Volver a la guerra contra el narcotráfico que implantó la administración pública federal, por entonces. Uno de los escenarios de respuesta tentativa es que es verdad que la respuesta del Estado en el contexto de gobernanza criminal en que se halla el escenario global es enfrentar a los delincuentes.

No sólo porque su rubro esencial es el tráfico de drogas, sino por la expansión de su portafolio criminal, dado que hoy en la república mexicana intervienen y controlan amplios rubros del sector productivo, lo mismo la extorsión en torno al aguacate que frutas que carnes y leche que el contrabando de hidrocarburos. 

En Uruapan comenzó aquella etapa de la operación militar de la administración del presidente, Calderón al enfrentar a la delincuencia con perspectiva militar (como ahora). El propio gobernador de ese día, Lázaro Cárdenas Batel manifestó el desborde de su gestión ante el presidente a fin de intervenir en Michoacán. No se olvide que el jefe del Estado es quien recibe en exclusiva información privilegiada y de inteligencia para intervenir en el rubro de la inseguridad. 

Uno de los problemas de nuestro establecimiento constitucional está dado por nuestro presidencialismo que, pragmáticamente elimina todo vestigio de lo hecho por su predecesor y recomienza nuevamente una gestión desprovista de cualquier margen para honrar lo que sí funcionó en su pasado inmediato. La propia literatura lo advierte: El presidencialismo genera la sensación del ganador único, es decir, quien ocupa la silla del águila tiene el cometido de resolver la conflictiva esencial del Estado: proteger la vida, la seguridad y la propiedad de sus ciudadanos. 

Del Tintero: 

Ahogado el niño, la solución es la operación militar (2006); En 2012, Un comisionado permanente en Michoacán que, (entre otras cosas) derivó en el michoacanazo (la prisión para 20 alcaldes en un proceso que los puso en libertad, quizás por jueces intimidados); en 2018, AMLO dispuso de su política de no hacer (abrazos, no balazos) y en 2025, la titular de la jefatura del Estado lo llama Plan para la Paz y la Justicia en Michoacán. La interrogación que persiste es en materia de fiscalías y los miembros del ministerio público que no se abordan como actores susceptibles de reforma.