Sin tanto Roy-o

Tarifazo: Un aumento que revela un viejo problema

En la Ciudad de México hemos normalizado lo que no debería de serlo: movernos todos los días en un sistema de transporte público que funciona al límite, sin mantenimiento suficiente, sin renovación profunda y sin una visión que ponga al usuario al centro. Esa es la raíz del problema y el aumento de 1.50 pesos a la tarifa es solo un ajuste económico que en nada va a contribuir a solucionar el rezago acumulado durante años. 

Pero aún así, el gobierno decidió ceder a las presiones de los transportistas sin exigirles una transformación real ni asumir su responsabilidad en el deterioro del transporte público concesionado. Por eso el incremento tarifario se convierte en un recordatorio incómodo: cuando la autoridad no regula, no supervisa y no planea, el que termina pagando siempre las consecuencias con su bolsillo, su tiempo, su seguridad o incluso todas las anteriores es el usuario.

La narrativa oficial repite que este aumento permitirá “mejorar el servicio”, pero nadie nos ha explicado cómo. No hay un plan para renovar unidades, ni metas para sustituir microbuses que deberían estar fuera de circulación desde hace tiempo. No hay criterios de profesionalización para los operadores, quienes trabajan jornadas extenuantes sin capacitación adecuada ni derechos laborales. Y tampoco hay un mecanismo claro para vigilar rutas, frenéticas carreras por el pasaje, maltrato al usuario o incumplimiento del reglamento.

Pero eso sí, en la mesa de negociación el gobierno alcanzó el gran acuerdo de que los operadores usarán camisa blanca, música baja en sus unidades y apego a un reglamento que nunca se ha hecho cumplir.

Sin embargo, el tarifazo trae un problema aún mayor y es que esta decisión ignora a quienes más dependen del transporte público: especialmente a las mujeres. Ellas realizan más viajes al día, cargan con las labores de cuidado y tienen menos alternativas de movilidad. Cada peso adicional pega directo en su economía, y cada trayecto inseguro o precario agranda desigualdades que ya existen.

Actualmente la gente está cansada y con razón y este aumento refleja una desconexión profunda entre la realidad cotidiana y la mirada del gobierno. Porque el problema de fondo no es cuánto cuesta subirse a un microbús, sino que seguimos sin garantizar que ese viaje sea digno, seguro y confiable.

Criticar esta decisión no es oponerse al sistema. Es recordar algo elemental: la movilidad define oportunidades. Define cuánto tiempo pierdes en el tráfico, si llegas con seguridad, si puedes trabajar, estudiar o cuidar de tu familia. Por eso subir la tarifa sin una ruta clara de transformación no solo es injusto; es irresponsable.

Hoy la ciudad necesita algo más que parches. Necesita un gobierno que asuma su papel regulador y deje de actuar como espectador. Tres acciones, inmediatas y verificables, podrían cambiar el rumbo:

1. Renovación progresiva y obligatoria del parque vehicular, con metas anuales y mecanismos transparentes para evitar corrupción y asegurar que cada peso se traduzca en unidades más seguras y menos contaminantes.

2. Profesionalización con perspectiva de género, para que cada operador reciba capacitación en conducción segura y prevención de violencias en el transporte. No es un extra: es una urgencia.

3. Supervisión real, no simbólica, con inspecciones permanentes, sanciones efectivas y participación ciudadana para vigilar rutas, frecuencias y condiciones del servicio.

La discusión no debe quedarse en sí el aumento es “mucho” o “poco”. El verdadero debate es si la ciudad está dispuesta a construir un sistema donde la tarifa tenga sentido porque el servicio vale lo que cuesta.

Hoy, lamentablemente, no estamos ahí. Pero aún podemos corregir el rumbo, si empezamos por aceptar que la movilidad no es un gasto: es el corazón de la vida diaria de esta ciudad. Y ese corazón necesita atención urgente.