Escenario político/Daniel Adame Osorio

Qué los consejeros y magistrados electorales los elija el pueblo, dirá él presidente López Obrador y, para analizar una materia que tanto ha costado al país en su evolución electoral y política, conviene recurrir a la obra de Hugo San Martín para advertir que existen otras variables para considerar a los organismos electorales no sólo eficientes, sino verdaderamente independientes y comprometidos con la democracia. Aquí nos referimos al nombramiento y remoción de los integrantes del órgano electoral, generalmente integrados por organismos colegiados, en algunos casos sus miembros son de origen exclusivamente judicial; en otros son designados por el Congreso; en otras el Ejecutivo comparte la designación con el Legislativo o con el Judicial; también se da el caso, excepcional, de que la designación de sus miembros tenga origen en los tres poderes del Estado o que en su integración tengan injerencia, en diverso grado, los partidos políticos. 

El problema de la influencia de los actores políticos que conforman esos poderes, considera San Martín, puede ser atemperado o acentuado por tres factores: la coincidencia o no de los períodos de ejercicio con los del Ejecutivo y del Legislativo, la existencia o ausencia de restricciones referentes a la actividad política de los candidatos a integrar el organismo electoral; y el establecimiento de los organismos en los cuales reside la facultad de remover a los mismos integrantes de estos organismos electorales supremos.

nsistimos, como afirma San Martín, esto puede atemperarse o acentuarse.
No obstante, de fondo existe otro problema no menos grave: son los legisladores, emanados y pertenecientes a los partidos, en sus congresos o parlamentos, los que tienen a su cargo generar la legislación que sirve como marco para regular tanto a los órganos electorales como los procesos comiciales, y eventualmente establecen condiciones favorables para la fuerza política a la que representan, lo cual también debe ser atemperado.

De lo contrario se corre el riesgo de que la autoridad electoral, por sus integrantes y sus marcadas tendencias ideológicas, rompan la obligada imparcialidad y autonomía indispensables en su proceder y en sus decisiones, perdiéndose la confianza tanto de los competidores en la contienda electoral como en la sociedad en torno a la independencia, autonomía e imparcialidad del órgano electoral. Deberíamos tomar nota de esos factores ahora que hemos vuelto a evocar la reliquia del colegio electoral de 1988 con la que el PRI venció pero con graves cuestionamientos en torno a la transparencia del proceso electoral o la efectividad del órgano electoral autónomo y constitucional que arbitra a partir de 1996 las elecciones mexicanas, entre otros razones por el perfil de sus miembros (politólogos, académicos y periodistas).

Qué los elija el pueblo como reitera en su retórica el presidente de la República, es una  alusión a la politóloga Nadia Urbinati, a fin de que Yo, el pueblo, es decir, el gobernante de tono autoritario se quede con el control del órgano electoral y sus miembros que, en la hipótesis presidencial no sólo seguirían siendo parte de los partidos si se eligieran por voto directo y secreto, sino alimentan el espectáculo que, es la política, dado que en la realidad, desde 2014, el Instituto para la Democracia (IDEA) ha advertido que no hay país alrededor del mundo que elija en las urnas a las autoridades electorales, al tratarse de una función no sólo especializada, sino estatal, es decir al margen del gobierno de turno. 

@Danieldao1 
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