Escenario político/Daniel Adame Osorio

Existen varios dilemas en torno a la construcción de mejores sistemas electorales, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial:

1.- La sujeción de ambos en su conformación, atribuciones y presupuesto, así como las facultades legislativas a las decisiones que toman órganos políticos como los parlamentos. De igual manera, la permanencia y/o continuidad en el cargo depende de órganos políticos que deciden de acuerdo a la afectación de sus intereses, y no basados en la construcción democrática y mucho menos de la voluntad social.

2.- Los parlamentos, integrados por representantes de las distintas fuerzas políticas, legislan y designan de acuerdo con sus intereses y, a lo sumo, tendiendo a lograr garantías de mayor equidad e imparcialidad en la competencia electoral.

3.- Si el objetivo de los sistemas electorales es generar gobiernos más democráticos, estables con gobernabilidad, en términos reales sólo están atendiendo los intereses de los contendientes, partidos y candidatos, ni siquiera los de la sociedad.

4.- La sobresaturación de facultades y responsabilidades de los órganos administrativos en materia de administración y de justicia electoral, en el marco de la permanente estrechez económica de las nacionales, torna muy complicado y deficiente el cumplimiento de sus responsabilidades.

5.- En los casos en los que procesos y calificación de los actos electorales se judicializan, no deberían preocupar a la sociedad, si no fuera por la parcialidad que puede caracterizar a los órganos electorales por las fuerzas políticas que promovieron su acceso al cargo.

6.- De la inestabilidad política característica de América Latina a los intentos de construir sistemas electorales confiables, pasamos a las constantes e interminables reformas en busca de su perfeccionamiento, pero que aún no han sido suficientes para garantizar la plena confianza en la autonomía e imparcialidad en materia administrativa y judicial. 

7.- La constitución de poderes electorales, a la par del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con altos índices de especialización, no garantizan la imparcialidad y más aún: muchas veces se corre el riesgo de transformar a las instituciones electorales de organizadores y árbitros electorales en actores políticos.

8.- En el caso de los directivos de los órganos administrativos electorales, en muchos casos se ha optado por seleccionar a personajes que si bien tienen filiación o simpatía partidista, su prestigio y trayectoria los obligan a la imparcialidad. No obstante, en el caso de los órganos jurisdiccionales, dada su especialización, el problema es más complejo.

9.- En “Ingeniería Constitucional Comparada”, Giovanni Sartori afirma que para evaluar la funcionalidad y eficacia de una institución pública o privada depende de su andamiaje legal, pero también de su conducción y liderazgo, porque ambos aspectos, el de alcances y límites, y el de quien lo preside, con su desempeño, permiten evaluar su estabilidad y permanencia. Esto nos permite comprender mejor que los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral están sometidos a contantes reformas y quienes las presiden son electos no por sus capacidades, sino por sus filias y fobias, y son removidos con toda la discrecionalidad del mundo.

10.- El camino para lograr reformas y modelos administrativos y jurisdiccionales definitivos, autónomos e independientes, que generen credibilidad, apenas se está andando y construyendo. El problema es su eternización elección tras elección con permanentes reformas enfocadas a los obstáculos y deficiencias señalados por cada partido político.

11.- El contexto político-democrático, social y cultural, e incluso económico de cada país constituye también un severo obstáculo, en naciones en los que las tentaciones autoritarias como en México están a la orden del día y, ello exigirá a las oposiciones imaginación y creatividad para la contienda de 2021 y, recobrar el equilibrio fundamental que representa la cámara de diputados, lo mismo que será un  enorme reto la construcción de candidaturas únicas en torno a las 15 sillas de gobernador en disputa. Son las oposiciones que tenemos y con ellas, el sistema político mexicano contemporáneo tendrá una de sus mayores lecciones: el reforzamiento del movimiento del dirigente carismático o la construcción de alternativas con los actores disponibles con el marco de la política de la realidad. 

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