Estado de los ESTADOS: Impunidad

Julio 2, 2012.- Una broma macabra de pésimo gusto fue la propuesta de conocida candidata presidencial para que Felipe Calderón fuera, en caso de ganar ella la Presidencia de la República, el titular de la Procuraduría General de la República. Una verdadera tragedia para la justicia mexicana sería que se concretará esa remota posibilidad a la luz de los hechos más recientes: el asesinato de dos policías federales ejecutados por sus compañeros en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, evidencia la permeabilidad y corrupción de las fuerzas federales, sin dejar de considerar que forman parte de una larga lista de más de 71 mil homicidios dolosos a lo largo de la actual administración federal, cuyo fracaso en la procuración de justicia explica el saturamiento de cárceles y juzgados penales, que llevó ya al Consejo de la Judicatura Federal a resolver que a partir de este lunes, y por tiempo indefinido, los cuatro juzgados penales adscritos a las cárceles federales de Nayarit y Veracruz, dejaran de aceptar nuevos casos debido a que están totalmente saturados, como consecuencia de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo del cuestionado Genaro García Luna, no ha asignado espacios para abrir nuevos tribunales.

El fracaso de la segunda administración federal surgida de las filas del Partido Acción Nacional en  esta materia es de una exorbitante magnitud. En diversos puntos de la geografía nacional todos los días hay baleados, decapitados, colgados, desmembrados, encajuelados, con tiro de gracia, con narcomensajes, incinerados, deshechos en ácidos y desenterrados de narcofosas, homicidios perpetrados con las características propias del narcotráfico y el crimen organizado. La administración de Felipe Calderón ha optado, más que por reducir el desbordado nivel de violencia, por ocultar sus trágicos resultados escondiendo la información del número total de víctimas, directas, indirectas y “daños colaterales” de la guerra contra los cárteles de la droga desatada desde el inicio de su administración, que ha propiciado una peligrosa debilidad del Estado mexicano el cual en estos momentos no tiene capacidad de investigar, acusar y procesar los homicidios.

Irracionalmente, el actual inquilino de Los Pinos ha dedicado las últimas semanas, que coinciden con la fase última de las campañas por la Presidencia de la República,  a destacar la “necesidad” de seguir en el próximo gobierno la batalla contra las organizaciones criminales aplicando la misma estrategia para combatir a los cárteles de la droga y la inseguridad, la cual ha fracaso totalmente. Lo peor es que también ha ocupado el tiempo para dejar claro que no se arrepiente de nada e intentar convencer que era indispensable el haber sacado a los solados de los cuarteles para combatir a los narcotraficantes, aún y cuando éstos no contarán con las facultades legales para realizar esta labor, para la cual tampoco estaban capacitados, lo que llevo a un sinúmero de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos comunes.

EJECUCIONES DE PERIODISTAS

Poco o nada le ha interesado a la administración federal actual el número de asesinatos y también poco o nada se ha hecho por esclarecerlos. En esta masacre han quedado 52 periodistas y 11 más han desaparecidos. El calderonismo llevo a México a ser el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo, por encima incluso que Irak. En lo que va de las gestiones federales panistas al menos 93 comunicadores han sido victimados y desparecidos. También han sido ejecutados al menos 63 defensores y luchadores sociales. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para terminar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad en el país, de acuerdo con las pocas investigaciones que se han realizado. Ni los compromisos de las autoridades federales y estatales ni las medidas cautelares dictadas por el sistema de justicia han evitado las ejecuciones de luchadores sociales, que han sido etiquetadas chapuceramente como parte de las bajas en la guerra contra el narcotráfico. En México el 98 por ciento de los delitos queda impune y la inmensa mayoría de las víctimas ya ni siquiera los denuncia.

La corrupción de las fuerzas policíacas federales quedó una vez más de manifiesto con el caso de los policías ejecutados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no han encontrado la forma de ocultarlo, aunque lo intentaron, sin duda alguna. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo de García Luna, fue forzada por la presión de la opinión pública a dar a conocer los rostros y nombres de los policías federales supuestamente integrantes de una red de narcotraficantes que operan en el aeropuerto y que habrían dado muerte a sus compañeros el lunes pasado. El jefe de la División de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, informó el jueves que se trata de los agentes Daniel Cruz García y Zeferino Morales, quienes participaron directamente en los homicidios, así como del jefe de ambos, Bogard Felipe Lugo de León.  La SSP ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien dé informes que lleven a la captura de los presuntos responsables, al tiempo que informó que integró unidades especiales para detener a los tres policías federales.

Otro caso reciente sin resolver que deja descubierto la colusión de fuerzas federales con los cárteles del narcotráfico es el relativo a la investigación que se les sigue a los generales Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional y Roberto Dawe González, general brigadier en activo, detenidos el pasado mes de mayo por elementos de la Procuraduría General de la República, a cargo de Marisela Morales, y arraigados mientras se indagan sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. La funcionario prometió este viernes que “en breve” se definirá la situación jurídica de los dos generales arraigados y rechazó que haya más investigaciones contra otros cinco militares.

Otros casos más sin resolver que revela dicha podredumbre en la que están coludidos los poderes públicos con organizaciones criminales, son las investigaciones contra los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, a quienes se les investiga por presuntamente expropiar inmuebles y venderlos a sus presuntos prestanombres, quienes habrían construido fraccionamientos de alta plusvalía con dinero de el cártel del Golfo y de Los Zetas. El caso aparentemente no avanza y se encuentra empantanado por el hecho de que la averiguación deriva de denuncias anónimas, de afectados y de un testigo protegido, quien sostiene ser integrante de Los Zetas, y que declaró que su banda gozaba de la protección de los gobiernos tamaulipecos. Desde hace dos años, Eugenio Hernández compareció por la investigación que realiza la PGR en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y enriquecimiento ilícito.

CRIMENES POLITICOS

El actual gobernador Egidio Torre Cantú aún no ha sido mencionado en ningún investigación federal que lo relacione con el narcotráfico. Apenas este jueves se cumplieron dos años del asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, aspirante del PRI-PVEM-PANAL al gobierno de Tamaulipas, y sigue la impunidad pues no hay ningún resultado de la investigación. Fresca en la memoria de los tamaulipecos aún está el cobarde asesinato perpetrado en una emboscada en el kilómetro 9 de la carretera Soto la Marina, que fue realizada por un grupo de sicarios que atacaron la camioneta del político priísta y en donde también fueron ejecutadas otras seis personas.

Y si de asesinatos políticos hablamos, prácticamente todos sin resolver, durante las administraciones panistas no podemos dejar de recordar algunos ocurridos al final de los regímenes priístas como el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio,  el 23 de marzo de 1994, perpetrado en la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares de Tijuana, Baja California. Unos meses después el secretario general del CEN del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado el 29 de septiembre de 1994, y en este homicidio se involucró a Raúl Salinas de Gortari. Otro crimen escandaloso ocurrió un año antes, el 24 de mayo de 1993, día en que fue asesinado el arzobispo de la Arquidiócesis de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en un presunto fuego cruzado entre narcotraficantes rivales.

Ya en la administración del primer panista en la Presidencia de la República, Vicente Fox, destaca la muerte del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, quien falleció el 21 de septiembre de 2005, cuando el helicóptero en el que viajaba hacia el penal de máxima seguridad de La Palma (Almoloya),  en el Estado de México, se estrelló en el paraje montañoso Llano Largo, cerca de San Miguel Miapan, en el municipio de Xonacatlán. La investigación sobre este presunto accidente sigue abierta, pero empantanada. Dentro ya de la administración de Felipe Calderón, otro extraño accidente en el que murió otro secretario de Estado fue el de Juan Camilo Mouriño Terrazo, mientras éste se desempeñaba como titular de la Secretaría de Gobernación. El político de origen español, acusado por cierto de tráfico de influencias y oscuros negocios en Pemex, falleció el 4 de noviembre de 2008 cuando el avión Learjet 45, en el que volvía a la Ciudad de México, después de una gira por el estado de San Luis Potosí, se estrelló cerca de la intersección del Periférico y Paseo de la Reforma, en la capital de la República. Otro secretario de Gobernación de la administración calderonista que falleció en un “accidente” fue José Francisco Blake Mora, el 11 de noviembre de 2011, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Chalco, Estado de México, en las cercanías de Santa Catarina Ayotzingo y el Distrito Federal.

Otros casos más que han exhibido a la fallida administración y procuración de justicia en México y que han resaltado la relación entre los poderes políticos y el crimen organizado, así como la negligencia de los aparatos judiciales son el caso del empresario mexicano, de origen  chino, Zhenli Ye Gon; el asesinato de estudiantes durante el violento desalojo de normalistas de Ayotzinapa; el desastre minero en Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, Coahuila, en donde murieron 65 trabajadores; y el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 48 niños y niñas y 76 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad. No hay investigaciones serias de estos casos; las indagatorias han sido bloqueadas por personas cercanas a los círculos del poder político y económico, por lo que la impunidad es la que impera hasta el final de esta administración federal agonizante.

VIGILARAN MILITARES

 Ante los riesgos existentes por la actividad del crimen organizado y la polarización política en diversas regiones del país, el Ejército Mexicano realizará patrullajes en distintas comunidades del territorio nacional, con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer de manera libre y en tranquilidad su voto el próximo 1 de julio. Los patrullajes se suman al despliegue ya existente del personal militar en los consejos distritales y bodegas estatales, donde se proporciona seguridad física a la documentación electoral, así como el servicio de escolta durante los traslados de esos documentos… Alejandro Poiré, titular de Gobernación, informó que se hará una revisión integral de los esquemas de seguridad que serán implementados a lo largo de la jornada electoral de este domingo.

Los candidatos presidenciales sostuvieron reuniones con observadores extranjeros provenientes de diversos países, acreditados para el próximo domingo… Representantes de más de 600 organizaciones civiles aglutinadas en la Coordinadora Nacional de la Proclama por el Rescate de la Nación, alertaron al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, de la “presencia de prácticas utilizadas en comicios anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto al sufragio efectivo”. Advirtieron que ante la tentativa de fraude habrá una respuesta de este colectivo, a través de la movilización y resistencia pacífica…. El IFE publicó los lineamientos dirigidos a informar y orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio del voto y la orientación de las diversas formas de sufragar… La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reporta que la querella que más se reporta en el país es la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o expedición ilícita de credenciales para votar… La Fepade desplegó en todo el país 116 células móviles para captar todas las denuncias de presuntos hechos delictivos que pudieran convertirse en un delito electoral…. El PRI denunció la entrega de despensas a cambio del voto en Sonora y la movilización de vocales y beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social en Yucatán a favor del PAN… En Yautepec, Morelos, vecinos de la colonia Álvaro Leonel descubrieron tres camiones de carga que transportaban cientos de despensa, presuntamente del PRD.

DE LOS PASILLOS

La explosión de una camioneta Ford Range Pick-Up, color gris arena, con placas de Coahuila, que contenía explosivos y que estaba ubicado afuera de la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dejo siete heridos y daños materiales… Al enfrentarse a balazos contra dos presuntos delincuentes, murió una persona que custodiaba las oficinas de la candidata priísta a la alcaldía de Nezahualcóyotl, Martha Angón Paz… Un presunto miembro de la pandilla Los Aztecas, Arturo Gallegos, alias “El Farmero”, fue extraditado desde México, por estar implicado con los asesinatos de trabajadores del consulado estadounidense en Ciudad Juárez, Chihuahua… A pesar de la resolución de desacato aprobada por la Cámara de Representantes de EU, el procurador general de Justicia de ese país, Erick Holder, no será sometido a un encausamiento criminal derivado de dicho voto legislativo, aseguró La Casa Blanca.  ([email protected])