Fragilidad de Sheinbaum

Su gobierno enfrenta su crisis más visible: violencia en ascenso, descontento juvenil, errores estratégicos y una dependencia política del expresidente López Obrador. La pérdida de control del discurso, los tropiezos acumulados y un gabinete sin capacidad de contención, son ya signos tempranos de un agotamiento político que empieza a sentirse en todo el país

LA FRAGILIDAD DE CLAUDIA SHEINBAUM: LIDERAZGO DEBILITADO, PRESIÓN CRECIENTE Y UNA NARRATIVA QUE SE AGOTA

Alberto Carbot

Desde hace semanas observo con atención y mente fría la dinámica política de la presidenta Claudia Sheinbaum y he llegado a la convicción de que su gobierno atraviesa un momento decisivo. La acumulación de crisis —violencia desbordada, protestas juveniles, presiones externas, conflictos internos en Morena y una narrativa que pierde eficacia—, dibuja un escenario en el que cada error se amplifica y cada omisión tiene consecuencias estructurales. Ya no se trata de un problema aislado, sino de un deterioro progresivo en la conducción política y en la capacidad del gobierno para administrar sus propios desafíos.

Mi impresión general como observador y periodista, es la de un gobierno que enfrenta simultáneamente los límites de su estrategia, la fragilidad de su gabinete y la presión creciente de la opinión pública. El desgaste es absolutamente real, medible y visible en diversos frentes; la presidencia parece atrapada entre la necesidad de sostener la herencia lopezobradorista y la urgencia de definir un rumbo propio, sin operadores sólidos y sin una narrativa clara que permita encauzar el momento.

Esa percepción personal se ha visto reforzada, e incluso confirmada, después de escuchar con atención a diversos analistas y a otros “comentócratas” —como les llama con sorna y desdén la presidenta a sus críticos—. Recientemente observé el episodio de la mesa integrada por Carlos Loret de Mola, Denise Dresser, Adela Navarro, Jesús Silva-Herzog Márquez, Lorenzo Córdova y Héctor Aguilar Camín, un ejercicio que, más allá de su dinamismo televisivo, ofreció una radiografía cruda del momento que atraviesa Claudia Sheinbaum. A lo largo del programa, los panelistas desmenuzaron con precisión quirúrgica la fragilidad política del gobierno y los errores acumulados en apenas unos meses de gestión.

Lo que ahí se dijo no fue producto de exageración ni de animadversión automática. Fue una discusión articulada, sustentada en hechos recientes y en un contexto que cualquiera puede constatar. Por ello, al revisar cada uno de los argumentos planteados, coincido en que la mayoría de ellos tiene sentido y retrata con exactitud la deriva política del gobierno federal en la cual coincido.

Cuando la realidad supera al discurso presidencial

El diagnóstico apunta a los problemas estructurales, a los errores estratégicos y a la incapacidad del gobierno para controlar su propia narrativa. Y ese punto de partida permite abrir esta reflexión desde la responsabilidad personal: los temas analizados no sólo se sostienen, sino que delinean un mapa de riesgo para la presidencia de Sheinbaum.

El primer punto es el momento político adverso que ella enfrenta. No se trata de una crisis aislada, sino un cúmulo de episodios mal manejados que se potencian entre sí. La presidenta carga costos por la violencia ascendente, por la movilización juvenil, la presión internacional y la falta de operadores capaces de amortiguar los golpes. La impresión general es la de un gobierno que reacciona tarde y comunica peor.

También la falta de precisión en el discurso agrava cada tropiezo. Sheinbaum recurre a explicaciones genéricas que ya no convencen y a dramatizaciones que la colocan en un papel de víctima. Este recurso, repetido hasta el desgaste, muestra un gobierno más preocupado por justificar que por corregir.

Otro punto es el fracaso en seguridad y gobernabilidad, donde el asesinato de Carlos Manzo expuso una verdad incómoda: el Estado fue incapaz de proteger a quien había denunciado amenazas y pedido ayuda. El crimen se convirtió en un símbolo de descomposición institucional, no sólo por el hecho en sí, sino por la manera torpe en que se comunicó y por la ausencia de un responsable político que asumiera consecuencias.

La reacción del gobierno fue limitada, defensiva y orientada a minimizar responsabilidades y lejos de aclarar, la postura presidencial abrió más dudas sobre la falta de coordinación entre niveles de gobierno y sobre el desinterés por atender alertas previas. El mensaje implícito fue devastador: cualquiera puede caer y el Estado llega cuando ya es tarde. A ello se suma la incapacidad para conducir protestas legítimas.

La represión en el Zócalo durante las movilizaciones de jóvenes fue un error político y ético. No sólo por el uso de la fuerza, sino porque la presidenta eligió descalificar a toda una generación, acusándola de manipulación externa. Esa narrativa —magnificada por sus adeptos y seguidores, muy similar al proceder de una secta—, ahonda la distancia con un sector que representa el relevo natural del electorado.

La reciente marcha del descontento reveló que una franja creciente de la ciudadanía ha dejado de ver en los partidos políticos un instrumento confiable de representación, porque no fue una movilización clásica, sino una expresión espontánea, caótica y al mismo tiempo profundamente sintomática: la gente salió porque ya no identifica en las instituciones una vía efectiva para procesar su inconformidad. El mensaje es directo: la política tradicional perdió interlocución con la calle.

Y el elemento que explica esa ruptura es la impunidad, acumulada sexenio tras sexenio y convertida ahora en el eje del hartazgo nacional. La sensación de que ningún crimen se castiga, de que la violencia avanza sin freno y de que las autoridades simulan investigar sin resultados ha erosionado la confianza pública hasta un punto crítico que quedó evidente durante la pasada marcha ciudadana. En ese ambiente, las movilizaciones dejan de ser coyunturales y se transforman en manifestaciones orgánicas de una sociedad que dejó de esperar respuestas desde arriba.

El deterioro discursivo y la subordinación al expresidente

El tercer punto es la comunicación política fallida. Sheinbaum ha perdido el control del mensaje. Cada declaración se convierte en un conflicto y cada intento de aclaración abre nuevas polémicas. El gobierno recicla frases vacías, evita la autocrítica y regresa al viejo libreto de López Obrador, aunque ya no surta el mismo efecto.

Por ello, el vacío político se ha agudizado, porque los partidos —por igual los oficialistas como los opositores—, comparten el desgaste. La ciudadanía percibe que tanto el gobierno como sus contrapesos encarnan vicios similares: simulación, oportunismo, acuerdos opacos y nula voluntad de romper con el sistema que reproduce la impunidad. Esa equivalencia en el descrédito explica por qué las nuevas expresiones de protesta buscan mantenerse al margen de cualquier sigla. No desean ser usadas ni capitalizadas por nadie.

Pero la falta de argumentos no es un asunto retórico, sino más bien un problema de visión. El gobierno apuesta a simplificar una realidad que se vuelve más compleja y peligrosa. En ese vacío, cualquier crisis termina magnificada, porque la presidencia no articula una explicación coherente, como hemos sido testigos por sus declaraciones coléricas en su conferencia matutina.

El cuarto punto es la dependencia política de López Obrador. La presidenta no sólo no logró marcar distancia, sino que a costa de defenderlo y no agraviarlo ni con el pétalo de una rosa, revirtió sus propios esfuerzos iniciales. Las investigaciones incómodas se frenaron, las decisiones importantes se pospusieron y el retorno simbólico del expresidente volvió a colocarla en una posición de subordinada, que es la que ha permeado entre los mexicanos pensantes.

Y como prueba, ahí está el libro que Sheinbaum publicó recientemente, que fue leído interpretado por los analistas como una tribuna de elogios al tabasqueño, un gesto que evidencia el peso del líder retirado y la dificultad de la mandataria para ejercer un liderazgo autónomo. Esa dependencia genera un gobierno con doble tensión, porque de inicio intenta defender el pasado reciente sin poder corregirlo, y al mismo tiempo administrar un presente que exige decisiones distintas. Esa contradicción debilita la autoridad presidencial y confunde a la ciudadanía.

Otro punto es la fragilidad del gabinete y la falta de operadores. Como ha asegurado Héctor Aguilar Camín, unos de sus críticos, la presidencia carece de “fusibles” —es decir, no posee cuadros intermedios que le permitan absorber el costo político y operen como “switches” de protección—, que le posibiliten salir indemne cuando un tema estalla. Por ello, el costo recae directamente en Sheinbaum. No hay secretarios con presencia pública, voceros con autoridad ni figuras capaces de desactivar conflictos locales.

La ausencia de operadores especializados genera improvisación, y en lugar de prevención, hay contención tardía. También en lugar de manejo político, hay respuestas fragmentadas. Esta debilidad orgánica vuelve más costoso cualquier error y profundiza la percepción de un gobierno sin estructura.

Un sexto punto es la presión internacional, especialmente con Estados Unidos. La preocupación del gobierno estadounidense por la violencia y por el avance del crimen organizado coloca a México en una posición vulnerable en plena renegociación del T-MEC. Sheinbaum enfrenta una doble pinza: la presión externa y la exigencia interna de resultados. Parece desconocer que los daños autoinfligidos por reformas impulsadas en el sexenio anterior —energía, justicia, reguladores—, complican esa relación. La presidencia hereda un terreno minado y, en lugar de limpiarlo, lo ha profundizado con decisiones precipitadas.

El doble frente: Estados Unidos y la deriva autoritaria

Trump, en plena campaña, utiliza a México como ejemplo de descontrol, y ese discurso, aunque predecible, tiene efectos reales en la relación bilateral. Por ello la presidenta se enfrenta a un contexto internacional que no domina y que puede condicionarle toda la agenda económica.

A todo esto, se suma la deriva autoritaria en la política interna. El gobierno ha endurecido su discurso, ha demonizado la protesta y ha reducido la pluralidad social a un eje amigo-enemigo. Esa narrativa, que le fue útil en campaña, se vuelve contraproducente en el ejercicio del poder. La reforma electoral que impulsa Morena incrementa ese temor. La posibilidad de debilitar reglas básicas de competencia despierta inquietud sobre la equidad en 2027. Entonces la política deja de ser contienda y se convierte en mecanismo de control.

No obstante, la presidencia parece cómoda con ese diseño: un sistema donde la oposición existe, pero limitada; donde la crítica se tolera, pero se castiga; y donde la alternancia es técnicamente posible, pero políticamente improbable.

Otro punto es la erosión territorial de Morena. La popularidad presidencial cayó del 62 al 41 por ciento en la medición de Morning Consult, una variación significativa para un gobierno que apenas comienza. La caída se da sobre todo en el fragmento de los jóvenes, clase media y sectores tradicionalmente cercanos al movimiento.

Los gobernadores de Morena tampoco le ayudan. En estados clave, los escándalos de corrupción, las crisis de violencia y las gestiones opacas erosionan la credibilidad del partido. Aunque Morena conserva fuerza electoral, su desgaste crece cada mes. La oposición sigue sin capacidad de competir, pero la falta de alternativa no garantiza estabilidad. Un gobierno desgastado puede perder legitimidad incluso sin rival enfrente.

Un último punto sensible es la amenaza de la revocación de mandato, y aunque aún no es un riesgo inmediato, la caída en su aprobación podría convertirla en un factor perturbador; una consulta adversa sería un golpe político serio y alteraría por completo el equilibrio del sexenio.

La revocación no parece cercana, pero tampoco imposible. Todo depende del ritmo del desgaste. Y ese ritmo, hoy, es más acelerado de lo que el gobierno reconoce. En este contexto, la ligereza con la que se ha comenzado a hablar de este extremo mecanismo ciudadano, es especialmente peligrosa. Su uso en un país con altos niveles de violencia, poderes criminales consolidados y tensiones internas en el Estado puede abrir escenarios de inestabilidad severa. Pretender utilizarlo como herramienta de presión política, sin medir las consecuencias institucionales, es desconocer la fragilidad real del entorno nacional.

Frente a estos ejes críticos, la conclusión es clara: Sheinbaum gobierna en un momento decisivo, donde corregir ya no es un asunto opcional, sino una necesidad inmediata, porque el país atraviesa una etapa delicada, marcada por violencia estructural, una economía presionada y un entorno internacional adverso. Gobernar con lugares comunes no resolverá lo que exige profundidad y estrategia. Los datos lo confirman; y la realidad lo repite todos los días: la presidencia necesita operadores, claridad y autonomía. Nada de eso está presente con la fuerza que el momento demanda.

La presidenta tiene aún la posibilidad de rectificar, pero el tiempo político, una vez que se acelera, no concede muchas oportunidades, ya que cada error cuesta más; cada silencio erosiona más y cada improvisación pesa más. Sheinbaum enfrenta un escenario que, si no se atiende con inteligencia y firmeza, puede definir el resto de su sexenio.

Las señales están ahí para quien quiera verlas. Sinceramente —aunque a los autócratas se cubran los oídos, cierren los ojos y no quieran percibir la realidad—, considero que el país ya no necesita discursos triunfalistas, sino decisiones sensatas, operadores capaces y un verdadero liderazgo que concilie, haga a un lado las poses, los descalificativos y la soberbia, y asuma con responsabilidad el momento histórico que vive México.